El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró este viernes que comprende el enojo de la gente, tras los hechos de corrupción que han sido divulgados como parte del Caso Cochinilla.
Así lo manifestó este viernes 26 de noviembre, cinco meses después de que se dieran a conocer los supuestos hechos irregulares en la contratación de obras viales, cuando él y el presidente Carlos Alvarado participaron en la inspección del proyecto del paso a desnivel de la rotonda de la Bandera, durante la cual recibieron toda clase de insultos de parte de conductores que transitaban por la zona, en San Pedro de Montes de Oca.
Ante esas reacciones de los ciudadanos, Méndez Mata afirmó que él también siente enojo por lo ocurrido y reconoció que es el costo político que tiene que pagar por haber decidido atacar el problema de la corrupción, del cual todos tenían conocimiento hace años.
“Yo encuentro las reacciones de distintas formas, quienes manifiestan su enojo emitiendo un grito o un comentario; el enojo se manifiesta de acuerdo con las características de cada persona, comprendo que la gente tiene que estar enojada, pero era algo por lo que teníamos que pasar, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y a eso me voy a referir en la Asamblea Legislativa. Eran muchos años que se venía acumulando el sentimiento y el conocimiento público de que había aspectos de corrupción que se tenían que investigar en esas instituciones”, dijo el jerarca quien comparecerá la próxima semana ante la comisión especial que investiga los hechos denunciados en el expediente judicial.
Una vez más, Méndez Mata dijo que renunciar a su cargo, habría sido “el camino fácil” pero también, consideró, habría sido “irresponsable” haber abandonado la institución en medio de los hechos que trascendieron tras los allanamientos del pasado 14 de junio.
“Nunca dejé sin mencionar la corrupción que entorpecían la buena marcha de las instituciones, siempre he reconocido la existencia y la posibilidad de que eso esté presente en muchas esferas de la institución, he hecho lo posible por que se llegue a donde estamos hoy en día, si hay un precio político que pagar político, sí, se paga, pero era necesario”, añadió.
Al ser cuestionado sobre su responsabilidad en dichos acontecimientos, el ministro dijo que hizo lo que se tenía que hacer, al buscar que se pusieran las cosas en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“No puedo juzgar, ni acusar, eso tenía que ser derivado a las manos de los que tienen esa posibilidad y hoy celebramos que eso se haya producido. El ingeniero Mario Rodríguez (exdirector del Conavi) dio toda una explicación en comisión de lo que se había hecho y ha sido pasado por alto (...) No voy a cometer el error otra vez de que se pueda interpretar que yo hice la denuncia, nosotros resolvimos en una reunión encomendar a Mario Rodríguez como director ejecutivo para que buscara ese acercamiento y él lo hizo, tan lo tuvo que en el expediente se menciona”, agregó el jerarca.
Semanas atrás, en la comisión investigadora, el exdirector del Conavi dijo que durante la pesquisas por el caso de la “pifia” de la ruta 257 (que conecta la ruta 32 con el megapuerto de Moín), comentó a los agentes judiciales la problemática y la necesidad de crear evidencia sobre hechos de corrupción a lo interno del Conavi.
La investigación derivó en una serie de allanamientos en el Conavi, casas de funcionarios, empresarios y empleados de las principales constructoras del país quienes son investigados por la supuesta integración de una red criminal que, a cambio de dádivas de todo tipo, favorecía a las empresas en adjudicaciones y pago de facturas. Por esa causa, permanecen en prisión preventiva, Carlos Cerdas y Mélida Solís, dueños de las empresas MECO y H Solís, respectivamente.