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La ampliación de la ruta 32, entre el cruce a Río Frío y el centro de Limón, costará más de lo previsto y ese sobrecosto repercutirá en el plazo para la ejecución del proyecto.
Rodolfo Méndez Mata, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hizo el reconocimiento durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Infraestructura.
Aseguró, sin embargo, que exigirán que el proyecto de ampliación de 107 kilómetros se realice con la calidad establecida en el contrato y procurarán que se concrete lo más pronto posible.
Esta obra, cuya orden de inicio se dio en noviembre de 2017 está a cargo de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) y ha enfrentado una serir de obstáculos, que a la fecha no han logrado superarse.
Precisamente dijo, una de las razones es porque esa orden se dio sin que existieran diseños finales aprobados y sin haber completado una serie de etapas de previas como las expropiaciones, permisos y reubicación de servicios.
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En este momento, por ejemplo, se puede entrar en posesión solo del 25% de los terrenos que se deben expropiar, que en total son unos 400, aunque no se tiene un número definitivo porque se realizan todavía cambios en el diseño para reducir esa cifra.
“Es muy difícil dar una fecha clara para el trámite de las expropiaciones, por las intervenciones que se realizan de la Procuraduría (General de la República), el Ministerio, juzgados (...) lo que sí creemos es que los procedimientos nos van a permitir sacar adelante las expropiaciones y que la obra se concluya”, afirmó.
El ministro insistió en que los reclamos de la empresa CHE sobre la falta de espacio para trabajar no son de recibo, pues la lentitud con la que se ha desarrollado el proyecto tiene que ver con el diseño de la obra, que le correspondía a la misma firma china.
“Tanto así que cuando se presentó por parte de ellos los estudios preliminares estaban planteándose más de 2.000 expropiaciones y desde entonces fue necesario ir ajustándose para que se cumpliera al mandato del contrato que decía que se iba a hacer un uso óptimo del derecho de vía. Hoy estamos en cerca de 400 expropiaciones, podemos ver que ese proceso, que ha sido lento de ir ajustando el proyecto al uso del derecho de vía disponible, ha significado toda una tarea para ellos y para nosotros”, indicó.
Para agilizar los procesos de expropiación, dijo, tomaron tres caminos: el primero corresponde a continuar eliminando la mayor cantidad de terrenos posible, mediante ajustes en los diseños; el segundo es visitar a cada uno de los propietarios para pedir la autorización de las entradas en posesión del derecho de vía mientras avanzan los procesos en los tribunales y el tercero, tiene que ver con el apoyo solicitado a la Corte Suprema para agilizar los procesos en los juzgados.
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Consultado sobre la fecha de entrega del proyecto y la eventual ampliación en el plazo contractual, el jerarca dijo que se mantendrían apegados a los términos del contrato, tanto para determinar posibles prórrogas en la entrega, como en caso de que sea necesario establecer sanciones.
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“Nosotros nos apegamos a que las obras se construyan de la calidad establecida en los términos del contrato y que los pagos que recibe el contratista se apeguen a los términos del contrato, y vamos a seguir presionando y presionando y hablando a los niveles que tengamos que conversar para lograr que la obra se termine a la prontitud que sea factible y de acuerdo con los términos del contrato.
“Veremos si eso llega a obligar a algún tipo de sanción por un atraso en que se incurra, sabemos que vamos a tener un incremento en el costo de las obras, eso va a repercutir en una ampliación del plazo para la ejecución, sí sabemos que ahí tendrán un plazo adicional y posiblemente es de suponer que en invierno hay días que se pierden por lluvia o por cualquier otra razón, tendrían derecho de recibir una ampliación en el plazo, lo que puedo garantizar es que si esos plazos se llegan a dar es porque están dentro de los términos del contrato”, sostuvo.
Según un estudio presentado este mismo martes por la Cámara Costarricense de la Construcción, esta obra es de las cuatro que acumulan más atrasos por haberse comenzado sin completar la preingeniería. Esa demora suma 253 días.
Pese a las complicaciones, el titular del MOPT reconoció que en los últimos dos meses ha habido “un aire distinto” en la ejecución.
“Parece que ha habido un mayor entendimiento, ha habido intervenciones importantes para llegar a este punto de carácter administrativo, he tenido conversaciones con el presidente de la empresa y ha intervenido la diplomacia costarricense en conversaciones con representantes del Gobierno chino y esto ha significado que hemos recibido la seguridad de que la empresa no va a dejar de cumplir con su responsabilidad contractual”, añadió.
Todavía, sin embargo, no hay “plena satisfacción” del ritmo de los trabajos.
La afirmación se relaciona con los problemas que ha tenido la firma asiática para el pago de las facturas por parte del Eximbank, banco chino que financia la obra.
Según Méndez Mata, son atrasos hasta de cinco meses, mientras que la parte que le corresponde a Costa Rica asumir (el 15% del valor) se cancela casi de inmediato cuando se reciben las facturas por las obras realizadas.
Sobre las diferencias en los porcentajes de avance, dados la semana anterior por los representantes de la empresa, el ministro dijo que existen diferencias en los costos fijados por la constructora y los montos reales establecidos en el contrato, de ahí que ellos estimen que a la fecha han completado una ejecución del 53% y el gobierno lo estime en un 35%.
“Todas estas cosas han sido motivo de atención de parte del MOPT desde el inicio de la ejecución de los trabajos, que va mucho antes de que nosotros tomáramos control de la ejecución”, añadió.
El ministro afirmó que recientemente se hizo una actualización en los costos presupuestados para las obras adicionales y se determinó que ya no costarían $65 millones sino $40 millones.
Además de la ampliación de la vía a cuatro carriles, el proyecto contempla la construcción de 36 nuevos puentes y el refuerzo de los ya existentes, así como la construcción de 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y en el ingreso a la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
El proyecto representa una inversión de $465 millones, de los cuales $396 millones son financiados por el Eximbank de China y $69 millones corresponden a una contrapartida nacional.
