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Los expedientes de las obras viales encargadas desde hace más de dos años a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) debieron ser públicos desde el principio.
Así lo determinó la Sala Constitucional el 25 de mayo tras resolver dos recursos de amparo presentados por personas que reclamaron que la Contraloría General de la República (CGR), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y UNOPS impidió el acceso al expediente de contratación del paso a desnivel en Garantías Sociales y la ampliación del puente del Saprissa (ruta 32).
"Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Carlos Solís Murillo, en su condición de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, adoptar las medidas que estime pertinentes y necesarias con el fin de coordinar con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS), para que de inmediato garanticen el acceso al expediente de la contratación administrativa en cuestión tanto a la Contraloría General de la República como a las partes interesadas en esta", dijeron los magistrados en el fallo.
La Sala además condenó al Conavi al pago de eventuales daños y perjuicios.
Este martes por la noche UNOPS envió un comunicado de prensa en el que indicó que desde enero puso a disposición del público y los oferentes los archivos.
Sin embargo, la decisión se tomó luego de un prolongado reclamo y llamadas de atención del ente contralor.
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Recursos
Los recursos de amparo fueron interpuestos por el bufete de abogados Licitex y por Mauricio González, representante de la constructora FFC Construcción América S.A.
Licitex reclamó, desde el 21 de julio del 2017, que la Contraloría le negó el acceso a los documentos relacionados con la contratación de la nueva estructura en la ruta 32.
En el recurso de amparo, Licitex expresó que pidieron el expediente a la CGR el 20 de julio, pero les contestaron que tenían solo una parte y desconocían si el contenido era confidencial o no.
En el caso de FFC Construcción América S.A., desde agosto de 2017 solicitaron, tanto al Conavi como a la Contraloría, el expediente del paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, en la carretera de Circunvalación. Sin embargo, la información fue negada.
En setiembre de 2017, el Conavi alegó que UNOPS no remitía los datos y eso le imposibilitaba entregarlos a la constructora.
En ambas situaciones los recurrentes argumentaron que esos papeles debían ser públicos, pues, esas obras son construidas con fondos públicos cedidos a UNOPS.
Además, observar los expedientes permitiría revisar la adjudicación y la actuación del Estado a la hora de escoger un contratista.
Las contrataciones de esos dos proyectos se han atrasado por más de dos años por la negativa de UNOPS de dar los expedientes.
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La Contraloría incluso anuló en varias oportunidades la adjudicación de esas obras por considerar que la imposibilidad de conocer la totalidad de los expedientes afectó la fase de apelaciones e impidió al Conavi hacer una valoración correcta de las ofertas.
