El Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) anunció su oposición al plan del Gobierno de alquilar una parte del muelle Gastón Kogan, propiedad de la entidad estatal, a la empresa APM Terminals, a cambio de que rebaje las tarifas que cobra a exportadores nacionales en el megapuerto de Moín.

Para el secretario general de la organización sindical, Antonio Wells, sería inconstitucional un eventual acuerdo entre la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y la concesionaria de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), para alquilar el puesto 5-6 del muelle público.

“El artículo 121 de la Constitución Política es claro cuando dice que los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio o control del Estado”, aseguró Wells.

Pese a esas aseveraciones, el sindicalista dejó una puerta abierta a negociar un posible acuerdo entre el Gobierno, APM Terminals, Japdeva y su sindicato, de garantizarse que no se despedirán más empleados de la empresa estatal.

“Podríamos estar de acuerdo en valorar si con esas decisiones se va a incrementar los empleos directos para los limonenses y japdevianos, si el Gobierno garantiza que no se va a despedir a nadie más.

“De no haber ese compromiso, no estaríamos de acuerdo porque las decisiones hasta el día de hoy y el resultado de esta concesión, han sido generar riqueza para los holandeses (de APM Terminals) y el aumento del hambre, desempleo, pobreza, prostitución y drogadicción para el pueblo limonense”, aseguró el líder sindical mediante un comunicado.

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Japdeva tiene actualmente 510 trabajadores pero debe disminuir su planilla a 275.

Bajo análisis

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) confirmaron que entre las opciones que valoran para disminuir las tarifas del megapuerto de Moín, está el establecimiento de un convenio para alquilar una parte del muelle estatal.

“Una de las opciones es que, bajo alguna de las figuras legales, que puede ser el usufructo, APM Terminals pudiera hacerse cargo de la administración del puesto 5-6 que es donde están las grúas. Japdeva sigue siendo el dueño de eso, pero lo opera APM”, había manifestado el secretario técnico de Concesiones, José Manuel Sáenz a La Nación.

De acuerdo con las autoridades, ese posible acuerdo también generaría ingresos fijos mensuales a Japdeva, entidad portuaria que enfrenta una crisis financiera, producto del cambio en el modelo portuario de Limón.

La empresa concesionaria no descartó analizar dicha propuesta, ni tampoco cualquier otra que proponga el Gobierno para rebajar las tarifas establecidas, siempre y cuando “se respete el marco legal”.

En sus primeros dos años de operación, el megapuerto de Moín ha enfrentado problemas de instalación eléctrica, de coordinación con transportistas y exportadores, así como de retrasos que han ocasionado largas presas de camiones a la espera de entregar o recoger mercancías.

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El último episodio justamente se presentó este fin de semana. Según APM Terminals, en ese caso, la formación de largas filas de furgones sobre la carretera a Limón se debió a “percances” ocurridos en esa misma ruta.

Japdeva en crisis

La Terminal de Contenedores de Moín (TCM) asumió la carga y descarga de contenedores que ingresan por el Caribe en febrero de 2019, como así lo establecía el propio contrato de concesión firmado en 2011.

Para entonces, la Junta, que arrastraba cinco años de pérdidas financieras, se quedó sin el 80% de sus ingresos. Esa entidad portuaria tampoco buscó nuevos negocios que le permitieran captar recursos ni reformuló su planilla de cara a la afectación económica que ahora percibe.

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Pese a que en 2019 la Asamblea Legislativa inyectó un plan de rescate por ¢49.000 millones en favor de la empresa estatal, hoy Japdeva está en riesgo de paralizar su operación debido a la falta de recursos.

Dicho plan otorgaba recursos a la entidad portuaria limonense para que liquidara al 80% de sus trabajadores, con el propósito de alcanzar un punto de equilibrio donde los ingresos fueran suficientes para cubrir los gastos, entre ellos los salarios de los empleados públicos.

La razón del fracaso del plan de rescate de la empresa estatal obedece, principalmente, a que apenas cinco meses después de que se aprobara su restructuración, un juez embargó las cuentas bancarias por ¢5.740 millones, debido a un reclamo laboral presentado por el mismo sindicato.

El 80% de esos recursos estaba destinado al pago de liquidaciones de trabajadores en lista de salida, mientras que el otro 20% era reservado para cubrir gastos operativos de los muelles.