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Antes de finalizar este año comenzarían los trabajos para ampliar los puentes sobre el río Ciruelas y el río Alajuela, en la carretera Bernardo Soto, así como el puente sobre el río Segundo, el paso inferior de la empresa Firestone y el intercambio frente al Conservatorio de Castella, que afectan la autopista General Cañas.
Esta es la previsión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que a partir de este jueves puso a disposición el cartel de licitación para que los cinco consorcios previamente calificados puedan presentar ofertas.
Las obras son parte de las llamadas obras impostergables u OBIS, que intentan avanzar de alguna forma ante el retraso sufrido por el proyecto de ampliación del corredor San José-San Ramón.
Hadda Muñoz, directora del fideicomiso a cargo de ese proyecto, dijo que la intención es que estas obras se empiecen a construir en diciembre.
El plan es dejar el puente sobre el río Segundo (cerca del peaje de la General Cañas) a ocho carriles, y los puentes sobre el río Ciruelas y río Alajuela con tres carriles por sentido. Además, se ampliará el paso a desnivel en la Firestone a ocho carriles y la construcción de un nuevo conector a la altura del Conservatorio de Castella con la ruta a Barreal de Heredia.
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Para estas primeras obras se destinó un presupuesto de $23 millones, sin embargo el costo definitivo dependerá de las ofertas que presenten los cinco consorcios precalificados, pues las obras se adjudicarán a los que ofrezcan el mejor precio.
Las empresas precalificadas son los consorcios Azvi- Castinsa, Eurofinsa- Esteyco, H Solís-Getinsa, Meco-Puentes y Calzadas, y Codocsa- Quebradores Pedregal-Cacisa
Muñoz dijo que una de las principales especificaciones que deberá cumplir el consorcio seleccionado es un estricto plan de manejo del tránsito.
Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes, confía en que las empresas ya pasaron un proceso de precalificación en el que presentaron ofertas técnicas, “el espacio para apelaciones es casi cero”. Esa confianza explica el ajustado plazo que se puso el MOPT entre la publicación del cartel y la próxima adjudicación.
“Si el fundamento de la adjudicación es el precio más bajo, un apelante tendría que estudiar muy bien las razones para objetarlo (...) no anticipamos la posibilidad de apelaciones sustentadas como para que tengan un análisis prolongado. Esperamos que no haya objeciones al cartel transcurra en los tiempos programados", añadió.
Según dijo,las cinco obras serán adjudicadas a un solo consorcio y se desarrollarán al mismo tiempo.
Lo que sigue
En el llamado lote 2 se incluyen el puente sobre el río Torres, cerca del hotel San José Palacio, y el intercambio de Circunvalación.
La etapa constructiva iniciaría en el primer semestre del 2020 y se extenderá hasta final de ese año.
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El tercer lote incluye la mejora de los peajes existentes, cuya administración pasó a manos del fideicomiso en julio pasado.
Esas mejoras incluyen la ampliación y automatización del servicio (mediante cobro electrónico).
También en ese grupo se ejecutarían las ampliaciones en los intercambios de El Coyol, la Fanal y río Grande de Atenas.
En el lote 4 se realizaría la ampliación de la radial entre río Segundo y el puente Virilla en Lindora, el puente Juan Pablo II, así como los intercambios de Río Segundo, Grecia, Naranjo y San Ramón.
La idea es que una vez adjudicado cada lote se daría inicio al diseño y construcción; y, de forma paralela, se avanzaría en estudios y anteproyectos de otras obras.
Las 17 obras impostergables tienen un costo de $115 millones, que provendrán de recursos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y un préstamo por $50 millones proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El plan del Gobierno es que este plan lleve a cabo mientras el Banco de Costa Rica contrata los estudios de factibilidad y financieros y defina el número de expropiaciones requeridas para la ampliación San José-San Ramón, obtenga los diseños y fije las tarifas de peaje de la nueva ruta.
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Actualmente, el BCR no ha anunciado de dónde saldrán los recursos para financiar la etapa de preinversión y las expropiaciones. Para esa fase se requieren al menos $35 millones.
Este jueves, Hadda Muñoz aseguró que mientras se avanza en las OBIS se trabaja de forma paralela en el diseño de la estructura tarifaria de toda la etapa preoperativa para determinar cuántos ingreso adicionales podrían recaudar por conceptos del peaje y a partir de ahí determinarían las opciones de crédito a las que podrían acceder. Según dijo es un proceso que “hay que empezar desde ya”.
Para el aumento en los peajes, tanto Muñoz como Méndez aseguraron que en las próximas semanas enviarán la propuesta de ajuste a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Actualmente, el costo de los peajes en el caso de río Segundo es de ¢75 y en Naranjo ¢150. Esas tarifas no varían desde el 2002.
La estimación del BCR es que el peaje del aeropuerto Juan Santamaría suba de ¢75 a ¢200 y el de Naranjo de ¢150 a ¢400.
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Según Muñoz esos fondos son indispensables para avanzar en el proyecto, pues “las necesidades de inversión son enormes”.
“Estamos atendiendo 17 obras, pero es importante seguir con otras obras fundamentales. Es importantísimo establecer los ingresos que van a permitir pedir un crédito para cubrir las expropiaciones adicionales, reasentamientos humanos; hay muchas familias invadiendo derecho de vía y la relocalización de servicios públicos que esos costos tienen que ser cubiertos con el patrimonio del fideicomiso”, afirmó.
Desde que el encargado del fideicomiso asumió la administración de los peajes, se realizan pruebas como parte de un plan piloto para que no se suspendan los cobros en hora pico.
Según la encargada del fideicomiso Ruta 1, esas suspensiones representan pérdidas de casi un 50% de los ingresos diarios cuando se deja de cobrar en hora pico.
Muñoz adelantó que ya se está trabajando en la elaboración del cartel para contratar la automatización del servicio en ambos peajes, que popularmente se conoce como quick pass.
Además, como parte de las OBIS se ejecutarían las obras de ampliación de la calzada en los peajes existentes e incorporaría un carril adicional de cobro en Río Segundo.
El año pasado, la Procuraduría General de la República le autorizó al BCR financiar la construcción de la nueva vía, con la condición de que los aportes se hagan en asocio con otros bancos bajo la modalidad de crédito sindicado.
La ampliación de la carretera a San Ramón había sido dada en concesión a la constructora brasileña OAS por $524 millones; sin embargo, en abril del 2013, la entonces presidenta Laura Chinchilla cedió a la presión de los ramonenses que se oponían a los cobros de peaje previstos, por lo que tuvo que revocar la concesión.
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