EscucharTradeco, la constructora mexicana que consiguió reunirse con el presidente de la República para hablar sobre la cesión de un millonario contrato vial en la vía Barranca-Limonal, arrastra sanciones, investigaciones, cuestionamientos y demandas en México y Estados Unidos en los últimos años.
Una de las pesquisas fue divulgada en agosto del año pasado por el periódico Milenio, según el cual la Fiscalía General de la República, en México, llevaba adelante una investigación para determinar supuestos vínculos del expresidente Enrique Peña Nieto con Tradeco y otras dos firmas que habrían recibido contratos durante su sexenio (20212-2018).
Otros casos dados a conocer por investigaciones de prensa datan del 2016 y 2017. Por ejemplo, en setiembre de 2016 fue suspendida por la Secretaría de la Función Pública de México por 30 meses por incumplimientos en la construcción del hospital Gonzalo Castañeda, ubicado en la capital de ese país.
Además, en 2015, según publicaciones de varios medios de comunicación mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación pidió a Tradeco devolver recursos públicos pagados de forma irregular durante los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).
En octubre del 2017, el diario La Razón, divulgó que la constructora no había realizado para ese momento los reembolsos de los pagos efectuados ni había subsanado las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en varias de las obras por las que fue inhabilitada.
Esa misma publicación detalla que, además, la empresa registró incumplimientos en siete proyectos en Texas, Estados Unidos, que ocasionaron pérdidas por $78 millones, hechos por los que también enfrentaba una demanda en ese país. Para ese momento, la firma enfrentaba al menos 58 juicios civiles y mercantiles en México, según esa publicación.
A pesar de ese historial, Yves Loustalot Laclette, representante de la empresa mexicana Tradeco, confirmó que consiguió “varias” reuniones con el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, y representantes de la empresa H Solís para conversar sobre la cesión del contrato de ampliación de la vía Barranca-Limonal y los 2,9 kilómetros de La Angostura, el cual es por un total de $182 millones.
La cita fue solicitada, por medio de una carta enviada a Amador, el 16 de diciembre de 2022. Los registros migratorios demuestran que el mexicano ingresó al país el 22 de diciembre del mismo año. Luego de esa fecha, vino otras seis veces.
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“Siempre que fuimos para allá (Costa Rica) fue persiguiendo ese contrato”, comentó el empresario en una entrevista realizada vía telefónica el 23 de abril.
Según confirmó la Fiscalía General, investiga al mandatario, al exministro Amador y al actual jerarca de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola, por presunto tráfico de influencias para que el contrato pasara del consorcio Estrella-H Solís a Tradeco.
El pasado 16 de enero, las autoridades judiciales realizaron un secuestro de información en las instalaciones del MOPT, la cual está bajo análisis.
La Nación envió preguntas a Casa Presidencial sobre este tema, pero no respondieron al cierre de esta información. También, se le remitieron cuestionamientos al ministro Batalla, pero tampoco contestó.
Gerardo Huertas, abogado de Amador en Costa Rica, dijo que desconoce el expediente judicial y, por lo tanto, no se puede referir al asunto.
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