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La Oficina de la Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS) apela a sus privilegios como organismo internacional para evitar la comparecencia de sus representantes ante la comisión legislativa que investiga supuestos actos de corrupción en obras viales.
Con ese objetivo envió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la que solicita “que tome las medidas que correspondan para asegurar que se respeten los privilegios e inmunidades” de los que goza dicha agencia.
La nota enviada la tarde de este miércoles responde a la convocatoria del director de UNOPS en Costa Rica, Alejandro Rossi, a la comisión especial creada para investigar hechos ventilados en el llamado Caso Cochinilla. La comparecencia estaba prevista para las 8 a. m. de este jueves.
En la petición, se le pide a la Cancillería que interceda ante la “situación irregular que involucra la violación de los privilegios e inmunidades de UNOPS en Costa Rica”.
“En función de lo señalado anteriormente, es claro que cuando se trata de un proceso legal respecto de una actividad en la cual UNOPS actúa dentro de su mandato, UNOPS tiene inmunidad de proceso legal, como también lo tiene su personal, y sus locales, archivos y documentos son inviolables.
“En el caso que nos ocupa, presumimos que la investigación se relacionaría, de forma directa o indirecta, con ciertos servicios prestados por UNOPS a Conavi. Siendo que tales servicios se prestan dentro del ámbito del mandato de UNOPS”, añade el documento.
La nota verbal que puede leerse completa al final de este artículo, concluye advirtiendo que en “ciertos casos” y de forma voluntaria y a su discreción, UNOPS “podría colaborar” con las autoridades competentes remitiendo información sobre su labor en el país. Añaden que “si Costa Rica quisiera solicitar que UNOPS considerara dicha colaboración” deberían gestionarlo mediante Ministerio de Relaciones Exteriores o la Misión Permanente de Costa Rica ante la ONU.
Mediante un comunicado enviado al final de la tarde, la agencia de la ONU Costa Rica indicó que “las normas del derecho internacional y los acuerdos de sede vigentes, no permiten a los organismos del sistema de las Naciones Unidas acreditados en el país, comparecer ante Comisiones Legislativas”.
En ese documento confirmaron la nota enviada a la Cancillería por ser, según indicaron, el canal oficial de comunicación entre las delegaciones internacionales y el Estado costarricense.
La Cancillería, por su parte, se limitó a confirmar la solicitud: “De conformidad con los procedimientos establecidos, dicha nota fue trasladada para conocimiento de la Asamblea Legislativa por parte de la Dirección General de Protocolo”.
Verificación de calidad
En el comunicado, UNOPS aseguró que tras los hechos que trascendieron luego de los allanamientos del pasado 14 de junio, abrió de oficio un proceso complementario de verificación de calidad sobre las obras del proyecto del paso a desnivel de las Garantías Sociales, en la que, según el expediente judicial, se dieron anomalías en calidad de materiales y supervisión.
Esa es una de las obras de infraestructura para las que la agencia fue contratada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para su administración, lo mismo que para los viaductos de Guadalupe y La Bandera, así como los puentes Binacional y Virilla. Asimismo, para la supervisión del tramo norte de la carretera de Circunvalación.
Aparte de Garantías Sociales, hay al menos otro proyecto mencionado en el expediente judicial del Caso Cochinilla ante la sospechas de que se dieron irregularidades.
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‘No están administrando confites’
El presidente de la comisión legislativa, Pablo Heriberto Abarca, calificó los alegatos de UNOPS como una “barbaridad”.
“Ellos no son acusados, esto no es un juzgado penal, nadie está acusando a UNOPS, estamos pidiendo una colaboración; el investigado es Conavi no UNOPS. Es un órgano de control político no un juzgado penal, además hay que decir que ellos han administrado recursos públicos y no puede ser que no cumplan con los principios de transparencia mínimos (...).
“Es rendir cuentas de obras viales financiadas con recursos públicos, ellos no están administrando confites y nadie está acusándolos, simplemente es que vengan a darnos la perspectiva sobre los temas que estamos investigando y me parece que no es de recibo esa interpretación”, dijo el socialcristiano.
Abarca aseguró que no han recibido información de parte de la Cancillería en relación a la solicitud de UNOPS y afirmó que espera que Rossi acuda a la comisión este jueves.
“Me parece un abuso y un mal precedente que una organización que este nivel no pueda venir a una comparecencia tan simple”, sostuvo.
Avanzada la tarde, La Nación realizó llamadas al director de UNOPS, pero no fue posible contactarlo.
Esta no es la primera vez que UNOPS acude al Gobierno para pedir que intervenga a su favor apelando a sus privilegios.
El año anterior, también mediante una nota verbal enviada a la Cancillería, la agencia solicitó la intercesión para frenar una investigación que llevaba adelante la Caja Costarricense de Seguro Social por supuestos incumplimientos en sus obligaciones patronales. El tema está en negociación.
