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La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) inició un proceso para verificar los errores mencionados en el expediente del Caso Cochinilla en relación con el viaducto de Garantías Sociales, construido por la empresa MECO.
Alejandro Rossi, representante de esa agencia, informó de que encargaron a especialistas externos investigar sobre la calidad de los trabajos, a fin de determinar si, tal y como lo indican las autoridades judiciales, la firma habría incumplido las condiciones contractuales al utilizar materiales de menor calidad e incurrir en prácticas constructivas no recomendadas.
UNOPS fungió como gestor del proyecto, por lo que tuvo a su cargo la recomendación de la empresa a contratar, así como la supervisión general del proyecto y su recepción.
“De acuerdo con el Manual de Adquisiciones de UNOPS, las acciones previstas por su Comité de Revisión de Proveedores comprenden reprimendas, separación del padrón de proveedores de UNOPS, que puede ser preventiva, temporal o permanente”, explicó Rossi.
Además de comprobarse las falencias, MECO podría recibir otras sanciones que van desde la sujeción a condiciones especiales en caso de futuros contratos hasta pago por los daños que se le atribuyan, de haber implementado prácticas no permitidas.
“Estas acciones no suponen obstáculo para la tramitación de la investigación judicial en curso, sino que se encuentran orientadas a que UNOPS pueda tomar decisiones eficaces dentro del plazo de vida útil de los proyectos, conforme a la aplicación de sus normas y procedimientos en materia de calidad e integridad”, respondió Rossi a consultas de La Nación.
De comprobarse las deficiencias, el siguiente paso sería elevar los resultados al Comité de Revisión de Proveedores, que sería el encargado de aplicar los apercibimientos o la separación temporal o permanente de la lista de proveedores a escala global, es decir tampoco podrán participar en contrataciones a cargo de UNOPS en otros países.
Rossi añadió que esperarán los resultados de la investigación técnica que tienen en proceso, para decidir si se avanza en otro tipo de reclamos a nivel internacional o judicial.
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El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, agregó que además de las gestiones con UNOPS, se hicieron consultas al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en relación con las presuntas anomalías. Afirmó que estos entes internacionales tienen normativa que permite aplicar sanciones más severas.
El expediente
De acuerdo con el expediente judicial del Caso Cochinilla, la empresa MECO falseó informes en conjunto con empresas supervisoras para colocar asfalto de una calidad menor a la calidad indicada en el cartel.
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Para lograrlo, habría sobornado a laboratoristas, funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) e incluso habría contratado a un exjefe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) para desvirtuar un informe de esa misma entidad en el que se advertía de los supuestos errores en el proyecto.
Durante una comparecencia ante los diputados que conforman la comisión especial que investiga la supuesta red de corrupción entre el Conavi y las constructoras, el director del Lanamme, Alejandro Navas, aseguró que los primeros efectos en la obra se empezarán a ver en unos cinco o seis años.
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Navas dijo que advirtieron en varios informes (que no fueron acatados) de prácticas como colocar asfalto bajo la lluvia, lo que provoca que pierda sus propiedades.
Además, expuso el ingeniero, encontraron defectos en las bases estabilizadoras, exceso de cemento que puede generar grietas y permitir que haya penetraciones de agua, así como deficiencias en el acabado del pavimento que pueden ocasionar daños a los vehículos.
Por esta obra, el Gobierno pagó a MECO $17,6 millones. Fue inaugurada el 30 de marzo del año pasado.
