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La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) notificó este lunes a la empresa constructora H Solís la cancelación del contrato para la ampliación de la radial Lindora, en Santa Ana, San José.
El anuncio también afecta al Consorcio Ginprosa-DICCOC-LGC que también había sido adjudicado para realizar el proyecto de $14 millones.
La decisión de UNOPS ratifica así un acuerdo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) luego de conocerse el proceso judicial por el llamado Caso Cochinilla, mediante el cual se investiga presuntos actos de corrupción con obras viales.
Del mismo modo, la Oficina aseguró que tampoco se hará la adenda para el proyecto de reparación del puente viejo sobre el río Virilla, conocido como puente del Saprissa, en favor del consorcio Villa Ruta 32, conformado por las firmas MECO y Puentes y Calzadas. Esa obra está valorada en $21 millones.
El Consejo de Administración del Conavi, entidad adscrita al Ministerio de Obras Públicas (MOPT), se abstuvo de firmar en ambos casos debido a los señalamientos contra las dos constructoras, involucrados como presuntos sobornos a funcionarios.
“De conformidad con lo resuelto por el Consejo Nacional de Vialidad el 8 de julio anterior, y en seguimiento a sus políticas de integridad, UNOPS procedió a comunicar la decisión de cancelar la licitación y por lo tanto no firmar contratos con ninguna de las dos compañías”, indicó la Oficina en un comunicado.
Unops agregó que la cancelación para ampliar la radial a Lindora no implica costos adicionales para el Estado costarricense.
Este mismo lunes, se ordenó la captura de Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, dueños de las constructoras MECO y H Solís respectivamente, luego de que el Tribunal Penal de Hacienda declaró la ineficacia de fianzas impuestas el 27 de junio anterior. Ambos tendría que cumplir al menos cuatro meses de prisión preventiva.
Contratos de conservación
El Consejo de Administración del Conavi también decidió no renovar los contratos de conservación de las rutas nacionales que, en su mayoría, estaban en manos de esas constructoras.
Tomás Figueroa, director interino del Conavi, afirmó que separar a las firmas de todas estas obras sobrevino luego de un “riguroso” análisis legal, el cual permitió concluir que el Estado costarricense no incurrirá “en mayores responsabilidades”.
Las constructoras tenían a cargo más del 90% de las 22 zonas en que se divide el país para la conservación vial. Solo el año pasado, el Conavi pagó ¢110.000 millones por esos trabajos.
