EscucharEl Consejo de Gobierno designó ayer a Vanessa Rosales Ardón, de 47 años, como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Rosales es ingeniera civil y trabajó para la CNE entre el 2005 y el 2006. En los últimos años se desempeñó en la empresa privada.
El 13 de abril asumirá el cargo, en medio de una investigación del Ministerio Público por presuntas irregularidades en la contratación de empresas por parte de la actual administración de la CNE.
La nueva jerarca de la Comisión indicó que habrá una revisión general de los puestos en la entidad para mejorar su gestión.
Adjudicaciones. Daniel Gallardo, actual presidente de la CNE, anunció su salida el 18 de marzo, luego de una entrevista con La Nación.
En la entrevista, Gallardo aceptó que se adjudicaron ¢3.692 millones en contratos de la Comisión a dos empresarios de los que él era abogado antes de llegar a la presidencia de la entidad.
Los empresarios son Mario Curbelo y Martín Irías Hernández, representantes respectivamente de Tajo Chirripó S. A. y Constructora Industrial Especializada del Atlántico S. A.
Durante la administración de Gallardo estas empresas obtuvieron compras directas de la Comisión en contratos por emergencias y compras bajo la modalidad de emergencias no declaradas.
En el 2005, Constructora Industrial Especializada del Atlántico facturó a la CNE ¢34,8 millones.
Después del cambio de Gobierno, en el 2006, la facturación de esta empresa a la CNE se multiplicó 34 veces.
En el 2006, la constructora del cliente de Gallardo obtuvo de la Comisión contratos por ¢182 millones; en el 2007 recibió contratos por ¢1.810 millones y, en el 2008, por ¢1.597 millones.
Al respecto, Rosales señaló que debe haber transparencia en la gestión de la entidad.
“Tiene que haber una apertura total del país ante los requerimientos de las autoridades con respecto a las investigaciones que haya que hacer internamente”, dijo.
El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, dijo que el informe que pidió a Gallardo sobre el manejo de la CNE, fue remitido al Ministerio Público.
