EscucharLos funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) que fueron detenidos temporalmente en febrero, durante un allanamiento relacionado con la investigación por el delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados en el caso del Laboratorio Ciclotrón PET/CT, tendrán una nueva audiencia de medidas cautelares este lunes 28 de abril.
La audiencia se realizará luego de que las medidas cautelares que les habían impuesto a los funcionarios de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), de apellidos Cotter Murillo y Soto Retana, fueran anuladas, según informó el departamento de prensa del Poder Judicial, tras una consulta de La Nación.
Las medidas que incluían suspensión funcional de sus cargos, prohibición de contactar a los testigos del proceso y no acercarse al edificio de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversión de la UCR, fueron revocadas después de que la defensa presentara recursos de apelación.
“Contra esta resolución que ordenó dichas medidas cautelares, la defensa de las personas investigadas presentó recursos de apelación, los cuales fueron resueltos por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José y, en cuya resolución, ordenó la revocatoria de las mismas y ordenó que se llevara a cabo una nueva audiencia de medidas cautelares, para resolver en definitiva la solicitud de medidas que presentó la Fiscalía”, precisó el departamento de prensa.
Este medio consultó a la dirección de comunicación de la UCR el 23 de abril sobre si los funcionarios estaban de regreso en sus puestos; sin embargo, hasta la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.
La Nación contactó a Ewald Acuña, abogado de Cotter, quien se refirió a lo resuelto por el Tribunal Penal. Aseguró que la suspensión del cargo de su defendido, aunque pueda ser indefinida, debía cumplir con el principio de proporcionalidad.
Alegó que evidencia un “análisis insuficiente y superficial de la prueba aportada por el Ministerio Público”, ya que el juez no tuvo tiempo para examinar de manera adecuada la prueba documental.
“Hay un problema de fundamentación, se confunde tema de vicios ocultos con el tema de recepción de obras, previsto y sancionado en la Ley contra la Corrupción. Se sustenta la suspensión del cargo en la afirmación genérica de que el imputado podía incidir en la psiquis de uno de los testigos.
Sin embargo, en el legajo de investigación no dice que el imputado lo haya amenazado o intimidado", agregó.
Detenciones y allanamientos
Tal y como informó este medio el 5 de febrero, las detenciones de los funcionarios se dieron durante siete allanamientos en cinco oficinas de la Universidad de Costa Rica, así como en la constructora Navarro y Avilés y en las viviendas de los imputados.
La empresa constructora allanada se encargó del diseño y la edificación. Sin embargo, la Fiscalía presume que los funcionarios omitieron la inspección de la obra y la dieron por recibida a satisfacción.
El Ministerio Público investiga si esta situación derivó en un pago indebido de $2,4 millones y €5,1 millones. El caso se tramita bajo el expediente 24-000192-1218-PE, detalló La Nación.
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Otros edificios de la UCR con supuestas irregularidades
A mediados de marzo, el Consejo Universitario (CU) de la UCR presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la construcción de cuatro edificios. Se trata del inmueble para el Ciclotrón, el edificio para la Escuela de Artes Musicales, la estructura para el INIFAR y el edificio de Aulas y Laboratorios de la sede regional del Atlántico. Todos fueron construidos como parte del Programa de Mejoramiento Institucional con fondos de un préstamo del Banco Mundial.
Un informe (OCU-167-2025) de la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU) de la Universidad de Costa Rica reveló vicios ocultos y problemas de diseño en estas cuatro edificaciones.
¿Qué es el Ciclotrón?
El Ciclotrón es un laboratorio utilizado para el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de padecimientos con una alta incidencia en el país, especialmente de cáncer y enfermedades cardiovasculares.
Los funcionarios investigados habrían supervisado y aprobado la infraestructura, en apariencia, sin una inspección adecuada.
