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El Juzgado de Trabajo de Limón embargó todas las cuentas de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) por ¢5.283 millones, al resolver una solicitud de medida cautelar planteada por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
De acuerdo con la resolución dada a conocer este domingo, “la medida recae sobre las cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a plazo, cajas de seguridad y cualquier otro valor comercial del Sistema Bancario Nacional y Privado, así como presupuestos que sean girados por parte del Estado a la accionada”.
La medida incluso afectaría el dinero que Japdeva recibe, para invertir en el desarrollo de la provincia de Limón, por el canon de operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
La presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, explicó que el embargo obecede a una demanda planteada por el sindicato en el 2013, en reclamo por aportes de Japdeva al fondo de ahorro de los trabajadores.
“En el 2002, se negoció en la convención colectiva un aumento del aporte patronal al fondo de ahorro, que es un beneficio convencional. El aumento estaba sujeto a cargarlo en tarifas. La Aresep no aprobó la carga a la tarifa. La administración no pudo cubrir ese aumento, pues no se aprobó y no hubo presupuesto”, detalló.
Ese acuerdo implicaba un aporte patronal de 8% para dicho fondo. En el 2006 ese aporte se redujo al 6%.
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Los trabajadores demandaran a Japdeva por los ¢5.283 millones. Actualmente, el proceso se encuentra en revisión de casación, luego de que la Junta perdiera en primera instancia.
Centeno dijo que pedirán una aclaración al juez y apelarán la medida resuelta, ya que parte del dinero embargado tiene destinos específicos.
“Los alcances deben considerar que damos servicio público y que Japdeva administra fondos que no son de Japdeva ni para Japdeva, donde hay fines específicos, contratos, convenios, incluyendo el canon”, agregó.
Según indicó, el embargo podría generar imposibilidad para el pago de las obligaciones, entre ellos los gastos de operación en general, planilla de los actuales empleados, proveedores, pagar las prestaciones de las personas que han dejado la institución como parte de la Ley de Transformación, así como los fondos que están estipulados para mejoras de caminos regionales, navegación de los canales, entre otros.
“Pediremos al juez referirse a dichos puntos, la proporcionalidad y razonabilidad de dicha medida cautelar, y valorar los alcances, pues sus implicaciones en un servicio público y nuestra operación, tomando en cuenta que varios de los recursos mencionados además incluyen fondos que no son exclusivos de la operación de Japdeva y cuentan incluso con un destino específico establecido por Ley”, indica la posición de la junta dada a conocer en un comunicado.
Hasta marzo de este año, Japdeva acumulaba en sus cuentas unos $14 millones (más de ¢8.000 millones) producto del canon de operación de la TCM, que corresponden al 7,5% de los ingresos brutos que genera el megapuerto.
Por ley, esos recursos no podrían ser utilizados para el pago de liquidaciones o salarios de empleados, sino que deben emplearse en obras de infraestructura, capacitación y mejoras de servicios públicos para el desarrollo de la provincia.
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El dinero está en cuentas de Japdeva porque esa entidad aún no ha formalizado el fideicomiso para la administración de esos recursos.
La intención era que, para este mes, se tuviera un acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que luego debía ser refrendado por la Contraloría General de la República, para así poder comenzar a ejecutar los fondos.
