EscucharEl Juzgado Penal de Hacienda autorizó levantar el secreto bancario de ocho altos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cuatro empresas vinculadas a investigaciones penales por presuntos delitos en la contratación de millones de mascarillas durante la pandemia.
La orden judicial consta en una resolución firmada por el juez Andrés Fernández Hernández, el 30 de octubre, e incluye los movimientos de “todas las cuentas bancarias directas o adicionales de los imputados”, entre marzo de 2020 y julio de 2022.
Entre las personas a quienes se ordenó levantar el secreto bancario están Roberto Cervantes Barrantes, exgerente general, y Luis Fernando Porras Meléndez, exgerente de Logística.
El primero, dejó su puesto al pensionarse en noviembre de 2022; y el segundo, renunció en octubre de 2021 luego de meses suspensión con goce de salario por las aparentes irregularidades en la adquisición de los tapabocas a proveedores inexpertos, pagos por adelantado e incumplimientos en las entregas, entre otros señalamientos.
De acuerdo con el expediente 20-027795-0042-PE, los dos exgerentes figuran como imputados en una investigación penal por los presuntos delitos de influencia en contra de la hacienda pública, tráfico de influencias y falsedad en la recepción de bienes y servicios.
El levantamiento del secreto bancario incluye a seis personas más, entre trabajadores y extrabajadores, de apellidos Vindas, Salas, Corrales, Medrano, Solano y Salas. Además, a cuatro empresas contratadas por la Seguridad Social para entregar tapabocas y otros insumos de protección médica.
Esas compañías son Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A, MR Comunicaciones Políticas S.A, LCG Services CR Limitada y las cuentas personales del representante legal de esa firma, un hombre de apellido Landergren.
El 20 de febrero de 2023, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público realizaron 21 allanamientos en viviendas de funcionarios y exfuncionarios, oficinas de la Caja e instalaciones de empresas.
Además, el 30 de octubre, el Juzgado Penal de Hacienda ordenó al Banco Central entregar el registro de accionistas y beneficiarios finales de las empresas mencionadas.
En todos los casos, el Ministerio Público requiere el registro de accionistas y beneficiarios finales de 2018 a 2022, pues son datos para poder precisar quiénes eran los dueños reales de esas empresas antes, durante y luego de las compras millonarias de la CCSS.
Registro de accionistas y beneficiarios
Es la segunda vez que el Juzgado Penal de Hacienda emite resoluciones para que el Banco Central remita a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el registro de accionistas y beneficiarios finales de las cuatro empresas mencionadas.
La primera vez fue en febrero de 2023, pero la solicitud no fue atendida de forma efectiva, lo cual provocó que, el 30 de octubre, se reordenara la solicitud y se apercibiera a Valverde.
“Se le hace ver al Ministerio Público que, en caso de incumplimiento del jerarca, deberá proceder conforme a lo acá dispuesto al tratarse de un delito de acción pública”, señaló el Juzgado Penal de Hacienda.
Por medio de su oficina de prensa, el Banco Central dijo desconocer la orden del Juzgado Penal de Hacienda del 30 de octubre, pues alega que aún no ha sido notificado.
La entidad afirma que, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para este tipo de casos, desde el 17 de marzo de 2023 se envió la primera solicitud judicial (remitida en febrero de 2023) para su atención.
Según explicaron, desde marzo de 2022 el ICD definió, por medio de una resolución administrativa, que todas las órdenes judiciales relacionadas con el registro de accionistas y beneficiarios finales de sociedades anónimas recibidas por el Banco Central debían trasladarse a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Lo anterior, según lo señala la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
La Nación envió consultas al Ministerio Público para conocer si el Banco Central ya les hizo llegar el registro de accionistas y beneficiarios finales de las sociedades anónimas investigadas. Respondieron que no es posible brindar detalles.
La Nación también envió consultas, la mañana del miércoles 11 de diciembre, a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD sobre este tema, pero aún no ha recibido respuesta.
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¿Qué pasó con las mascarillas de CCSS?
Las presuntas irregularidades con la compra de millones de mascarillas en la CCSS se conocieron cuando este diario publicó, en agosto de 2020, que un contador público y una periodista española lograron colocar 12 millones de mascarillas quirúrgicas para uso en centros médicos por $4 millones.
Según los registros oficiales, esas personas se inscribieron como proveedores de la CCSS pocos días antes de la publicación y adjudicación de los contratos.
Además, incumplieron, de forma parcial y total, con la entrega de los tapabocas, lo cual provocó riesgo de desabastecimiento en clínicas y hospitales cuando el personal médico era muy vulnerable por la emergencia causada por la covid-19.
Ese fue el primer caso sospechoso de una larga lista de compras que provocaron la salida de Luis Fernando Porras, exgerente de Logística de la CCSS, y la suspensión de sus asesores y otros altos funcionarios de la Proveeduría institucional mientras avanzaban investigaciones administrativas y penales en su contra.
En noviembre de 2020, La Nación reveló que, pese a lo dicho por Román Macaya, entonces presidente ejecutivo de la CCSS, la entidad pagó por adelantado a la empresa de la periodista, $1,3 millones por 570.000 respiradores filtrantes de partículas KN-95 que no cumplieron con las especificaciones técnicas por ser de uso no médico. Esos artículos tuvieron que ser embodegados pues no pudieron utilizarse.
Otra de las adquisiciones cuestionadas fue el encargo de ¢88 millones en mascarillas a una chatarrera ubicada en San Sebastián, San José. Dicha adjudicación se concretó en solo 48 horas mediante una compra directa en la que no hubo más oferentes, según el expediente de contratación.
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A pesar de que la CCSS abrió investigaciones administrativas contra varios funcionarios involucrados en las compras y reconoció fallas en los procedimientos, hasta la fecha solo ha podido despedir a Hans Vindas Céspedes, quien para ese entonces fungía como asesor de la Gerencia de Logística. Esa decisión quedó en firme en junio.
