El País

¿Le bajaron las placas del carro? Estos son los pasos para lograr su devolución

Conozca también cuáles son los trámites para recuperar un vehículo decomisado y cómo se impugna un parte de tránsito

La recuperación de placas o vehículos decomisados en días anteriores solo puede gestionarse con cita previa en el portal www.csv.go.cr. . Fotografía: Cortesía Cosevi.
La recuperación de placas o vehículos decomisados en días anteriores solo puede gestionarse con cita previa, la cual se tramita en el portal www.csv.go.cr. . Fotografía: Cortesía Cosevi.

Con el retorno de las labores en el sector público este lunes 6 de enero, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) enfatizó la importancia de programar una cita en su sitio web oficial, www.csv.go.cr, para gestionar la devolución de vehículos y placas decomisadas durante el receso de fin y principio de año.

Desde abril de 2020, el primer paso para los usuarios que deben realizar ese trámite es agendar la cita. Lo más recomendable es hacer la gestión desde este lunes, pues podrían ser muchos los conductores que necesitan recuperar sus bienes.

Carlos Rivas Fernández, director jurídico del Cosevi, recordó que esta medida de agendar la cita busca optimizar los procesos y evitar pérdidas de tiempo a los infractores.

“Es fundamental que los nuevos infractores, que quizá desconocen este procedimiento, gestionen su cita de manera remota, evitando desplazamientos innecesarios y contratiempos”, destacó.

El retiro de vehículos y placas decomisadas está condicionado al pago de los montos correspondientes por acarreo y custodia. Según el reglamento, las tarifas son:

  • Acarreo del vehículo: ¢7.417 por los primeros seis kilómetros o menos, y ¢1.236 por cada kilómetro adicional o fracción.
  • Custodia del vehículo: ¢3.522 por cada día que el automotor permanezca bajo resguardo.

Rivas señaló que los días de custodia se calculan de forma natural, es decir, desde el día siguiente al decomiso hasta el día anterior a la solicitud de devolución. Los propietarios registrales o personas con autorización notarial son los únicos habilitados para realizar el trámite.

En el caso de las placas, estas también pueden gestionarse mediante Correos de Costa Rica. Sin importar la modalidad, se deben cancelar todas las multas asociadas antes de proceder.

Una vez que el usuario haya pagado las multas y los cargos correspondientes, deberá presentarse en la Unidad de Impugnación más cercana para solicitar la orden de devolución del vehículo o placas. Este trámite se realiza únicamente con base en la cita programada.

Si el vehículo no se retira en la fecha establecida, se generarán cargos adicionales por custodia.

El Cosevi recordó que quienes hayan recibido partes, cuentan con 10 días hábiles para apelar la multa si consideran que tienen bases para proceder con ese derecho a reclamo.

En este cálculo no se incluyen los días en que la institución estuvo cerrada, del 21 de diciembre al 5 de enero. Por ejemplo, si una multa fue registrada el 20 de diciembre, el plazo para impugnar vencerá el 17 de enero.

Las 12 Unidades de Impugnación del país operan con normalidad desde este lunes.

Sin embargo, los usuarios también pueden apelar por escrito utilizando el correo recepción-impugnaciones@csv.go.cr o el fax 2010-4701, en el caso de San José.

Eso sí, el Consejo aclaró que es obligatorio adjuntar una copia de la cédula de identidad y firmar manualmente los documentos si no se cuenta con firma digital. Para más detalle sobre este procedimiento de apelación, puede consultar los requisitos específicos en este enlace.

Por correo electrónico, los documentos deben enviarse en un único archivo que no exceda los 10 MB de peso. Rivas aclaró que las apelaciones enviadas durante el receso de fin de año serán analizadas a partir de esta semana.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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