El proyecto de presupuesto del Gobierno para el 2007 fue enviado a consulta a la Sala IV pues varios diputados objetan una partida de ¢344 millones destinada al pago de salarios de los asesores presidenciales.
La gestión fue promovida por el Movimiento Libertario con el respaldo de tres socialcristianos y un legislador del Partido Acción Ciudadana.
El libertario Luis Antonio Barrantes explicó que los fondos financian una actividad que violaría la autonomía municipal.
El congresista dijo que los delegados presidenciales duplican funciones asignadas constitucionalmente a los autoridades locales.
La Ley de Jurisdicción Constitucional faculta a los diputados a consultar ante la Sala IV los proyectos que tienen un plazo fijo para ser aprobados, incluso antes de que reciban el aval en primer debate. El presupuesto debe ser aprobado en primer debate a más tardar el 27 de noviembre.
El presupuesto ordinario, por ¢2,9 billones, lo presentó el Gobierno el 31 de agosto y está ahora en estudio en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
La Presidencia de la República juramentó el lunes 28 de agosto a unos 100 delegados que harán de “ojos y oídos” del mandatario Óscar Arias en los 81 cantones del país. De ellos, más de 70 reciben salario.
“En los últimos diez años, los costarricenses han pagado con sus impuestos más de ¢2.500 millones por ese programa. Es imprescindible constatar la constitucionalidad del mismo, y ahora más ante la falta de logros obtenidos”, sostuvo Barrantes.
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