El gerente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Wálter Suárez Cuadra, fue liberado ayer -a las 3:30 p. m.- mediante el pago de fianza de ¢1 millón, tras estar en prisión 18 días, luego que la policía lo detuvo cuando, supuestamente, recibió ¢5 millones como comisión por un contrato.
La salida fue confirmada por la jefa de prensa del Ministerio de Justicia, Carmen Poll.
El abogado defensor de Suárez, Norman Moya, dijo que el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José acordó otorgar la libertad al gerente al resolver una apelación suya a una resolución anterior del Juzgado Penal de ese circuito, el cual dictó cuatro meses de prisión preventiva contra su cliente.
Suárez estaba preso en la Unidad de Admisión de San Sebastián (sur de San José) desde el 17 de marzo, acusado del delito de concusión. De acuerdo con el artículo 346 del Código Penal, quien incurre en ese hecho se expone a una pena de dos a ocho años de cárcel. El delito se imputa al funcionario público que, abusando de su calidad, obligue o induzca a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial.
El abogado manifestó que tiene esperanzas de demostrar que Suárez no cometió ese delito puesto que, según afirmó, el gerente no obligó ni indujo a nadie a pagarle dinero para conceder un contrato.
Pese al otorgamiento de la excarcelación, el tribunal mantuvo otras medidas cautelares contra Suárez, como el impedimiento de salida del país, la obligación de presentarse a firmar cada 15 días y la prohibición de ingresar a las oficinas del INCOP.
El día de la captura de Suárez también fueron arrestados el chofer Pedro Vargas y al asesor Wálter Castillo, liberados al día siguiente con la sola condición de presentarse a firmar cada 15 días en el Juzgado Penal de Puntarenas. También son investigados por concusión.
Los tres funcionarios fueron aprehendidos en las afueras de un hotel en las inmediaciones del Centro Colón, en San José, después de que Suárez recibió un pago -en efectivo- de ¢5 millones por una supuesta comisión para conceder un contrato a un proveedor.
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