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La mala planificación y la toma de decisiones sin sustento han retrasado la construcción de 53 obras clave de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incluidas en el fidecomiso con el Banco de Costa Rica (BCR).
Esta es la conclusión de un informe que dio a conocer este lunes la Contraloría General de la República (CGR) sobre la ejecución del fideicomiso, del cual ninguna de las obras se ha concluido. El contrato vencía el 23 de octubre, pero se decidió prorrogarlo por siete años más.
“Se encontró que la Caja no estableció una estructura de gobernanza que le permitiera impulsar la planificación oportuna de los proyectos y el manejo de riesgos, por lo que hubo retrasos para dar orden de inicio a las obras”, señaló Carolina Retana, gerenta de Fiscalización para el Desarrollo Bienestar Social de la CGR.
El fideicomiso incluye 53 obras, entre las que hay 30 áreas de salud consideradas prioritarias, 18 sucursales, cuatro direcciones regionales, un centro de almacenamiento y distribución con laboratorio de productos farmacéuticos, y laboratorio de normas y calidad de medicamentos.
Dentro de las áreas de salud prioritarias destacan las de Guápiles, Acosta y Cartago, comunidades en las que la falta infraestructura pone presión sobre los servicios hospitalarios.
El informe señala que en marzo de 2023, la Junta Directiva de la CCSS suspendió los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional, que abarcan “cerca de 50 proyectos de este programa”. En mayo de 2023 se reanudaron 30. Nada de esto, en criterio de la Contraloría, se fundamentó en estudios de costo-beneficio.
Según la CGR, en este momento hay 13 obras del fideicomiso en ejecución (construcción, diseño de planos o anteproyectos) y 22 están suspendidas.
¿En qué consiste el programa y qué revisó la Contraloría?
En 2017, la CCSS firmó un contrato de fideicomiso con el BCR por $471,7 millones para la construcción de 53 obras prioritarias que debían ejecutarse y entregarse entre 2017 y 2024. Esto incluía, en algunos casos, la compra de terrenos, así como los anteproyectos, diseño, construcción y puesta en marcha.
“La falta de programas funcionales por parte de la CCSS le impidió al Fideicomiso dar órdenes de inicio a las primeras obras hasta 2019. A ello se sumaron retrasos originados en las modificaciones de alcance que ameritaron la firma de adendas al contrato; constantes validaciones con partes interesadas de las redes de salud de la CCSS que no fueron involucradas con oportunidad desde el inicio y la incertidumbre ocasionada por la pandemia de covid-19″, dice el análisis.
El documento añade que el programa comenzó con imprecisiones en la estimación de los metros cuadrados de construcción, así como la omisión de los costos de adquisición de terrenos y el mantenimiento de las obras.
Aunque el fideicomiso se prorrogó por siete años y su vigencia se mantendría hasta 2031, la CGR indica que le preocupa la situación, ya que “no se tiene certeza del costo final asociado a dicho programa”.
“Tampoco la Administración ha determinado la capacidad institucional para la recepción de las obras, lo cual incluye su puesta en marcha, mantenimiento y dotación de personal. Todo lo anterior coloca en riesgo la oportunidad de la entrada en operación de los establecimientos y la obtención de los beneficios previstos con el programa”, advirtió.
Consultado por La Nación, Jorge Granados Soto, gerente de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS, señaló que el informe les llegó hace poco.
“Lo estamos analizando y somos respetuosos de lo indicado por la Contraloría. Asimismo, iniciaremos las gestiones para atender las disposiciones”, manifestó a través de la oficina de prensa.
¿Qué sigue para la CCSS con el fideicomiso?
Producto del análisis, el órgano contralor recomendó a la CCSS, el establecimiento de gobernanza para tomar decisiones, roles y responsabilidades, así como para la programación actualizada del tiempo, costo y alcance, y la gestión de riesgos.
Igualmente, indicó la necesidad de establecer la estrategia de comunicación del programa que incluya a las partes interesadas, seguimiento y evaluación, además de definir el cierre del programa, de acuerdo con la normativa aplicable y buenas prácticas en la materia.
También determinó que debe establecer un modelo para la recepción, operación y mantenimiento de las obras relativas a las áreas de salud que le entregue el fideicomiso.
