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Manuel Herrera
Las denuncias que presentan las víctimas de acoso sexual no prosperan debido a que el proceso de investigación está lleno de debilidades y malas prácticas.
A esa conclusión arribó un estudio de la Defensoría de los Habitantes, llevado a cabo en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Las autoridades analizaron, entre el 2008 y el 2011, 504 casos de acoso sexual en entidades estatales.
Del total de casos presentados, 226 terminaron en absolutorias por falta de mérito para sancionar y 71 casos fueron archivados por desistimiento (renuncia) de la víctima, por jubilación de la persona investigada o por terminación del contrato interino, detalló la Defensoría en un comunicado de prensa.
“Lo anterior evidencia que más de la mitad de los casos que la Defensoría dio seguimiento en ese periodo, fueron absueltos o archivados por los respectivos órganos disciplinarios de las instituciones involucradas, lo cual refleja un problema de eficacia en la administración del procedimiento disciplinario por acoso sexual”, agregó el informe. El estudio advirtió también de otro problema: los plazos para resolver las quejas.
“Datos del año 2011 indican que solo el 16% de los casos se resolvió en el plazo de ley (tres meses); otro 25% en el doble del tiempo autorizado, lo que suma apenas el 41% del total de los casos”.
En los casos analizados figuran, en su mayoría, denuncias de funcionarios del Ministerio de Educación Pública y de la Caja Costarricense de Seguro Social.
