El alcalde de Cartago, Mario Redondo, solicitó al Concejo Municipal de su cantón que se le descuenten como vacaciones los tres días que estuvo detenido dentro de las diligencias del llamado Caso Diamante, que investiga presuntos actos de corrupción con obras viales contratadas a la constructora MECO.
Redondo y otros cinco jerarcas municipales permanecieron en celdas del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, de lunes a miércoles de la semana anterior, mientras se resolvían medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.
“Reciban un atento saludo de mi parte. Por medio de la presente, en el marco del derecho que me asiste, según el Código Municipal, comunico que tomaré los siguientes días de vacaciones: del lunes 15 de Noviembre al viernes 19 de noviembre inclusive. Hago esta comunicación hasta el día de hoy, en virtud de que me encontraba en una imposibilidad material para tramitarlo previamente”, escribió Redondo en una nota enviada el pasado jueves, de la cual tiene copia este diario.
La comunicación también fue dirigida al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento y sería conocida la tarde de este martes por los regidores cartagineses.
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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó la casa de Redondo el lunes 15 de noviembre. Cuando salió para su traslado a los Tribunales de Justicia, el funcionario procuró hablar a la prensa, pero los policías lo introdujeron de inmediato al asiento trasero de un vehículo, por lo que solo alcanzó a decir: “Soy inocente, voy a demostrar que soy inocente, no he arreglado absolutamente nada”.
La Fiscalía General de la República consignó en la investigación sobre el Caso Diamante que la constructora MECO habría financiado de manera ilegal la campaña electoral del alcalde para los comicios municipales de febrero del 2020. Ante esto, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) indicó que investigará esas aparentes donaciones mediante un estudio especial del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
Redondo milita en el partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y devenga un salario de ¢5 millones, superior al del presidente Carlos Alvarado.
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Discusión en el Concejo
Para el regidor independiente Carlos Halabi, la solicitud de Redondo no procede por estar detenido por orden judicial. “Es improcedente darle las vacaciones”, dijo ante una consulta de La Nación.
Mientras tanto, la regidora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Sonia Torres, respondió que esperará hasta que se discuta la solicitud este martes en la sesión del Concejo, ya que se debe hacer un análisis legal.
En ese mismo sentido se manifestó el regidor independiente Jonathan Arce, quien incluso tramitó una consulta al Ministerio de Trabajo para conocer si una medida como esta procede en este caso.
Por su parte, el concejal del Partido Liberación Nacional (PLN), Alfonso Víquez, declaró: “las vacaciones son un derecho del trabajador; hay que revisar cumplimento de requisitos. Por razones de transparencia vamos a pedir el criterio de la Asesoría Legal del Concejo. Si el señor tiene vacaciones pendientes de disfrute y cumplió el procedimiento, no le veríamos problema”.
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Respecto a la posibilidad de suspender el salario de Redondo, los funcionarios municipales afirmaron que por el momento no hay ninguna propuesta sobre la mesa, pero que igual se analizará la opción en el Concejo.
“Ningún regidor ha expresado nada al respecto. Estamos esperando para ver si llega algún documento que nos dé para conversar del tema, pero ahorita no tenemos ninguna referencia actual”, agregó Arce.
Por el caso Diamante también fueron suspendidos los alcaldes Johnny Araya, de San José; Humberto Soto, de Alajuela; Arnoldo Barahona, de Escazú; Alfredo Córdoba, de San Carlos, y Alberto Cole, de Osa. Hasta el momento solo Córdoba ha renunciado a su salario y los demás continúan con su remuneración intacta.
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