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Dos costarricenses más huyeron del país temerosas de ser asesinadas por sus compañeros y actualmente tramitan solicitudes de asilo en Canadá.
Estas historias trascendieron luego de que La Nación publicó, el 17 de diciembre, el caso de otra nacional a quien el 4 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos le otorgó asilo.
Aquella decisión se dio luego de que la afectada y las abogadas Lilia Velásquez (en Estados Unidos), y Yolanda Bertozzi, desde aquí, la ayudaron a demostrar el riesgo que corría si regresaba a Costa Rica, al ser víctima de violencia doméstica.
En el caso de Canadá, los procesos aún no han concluido y ambas mujeres –cuya identidad no se revela por motivos de seguridad– requieren de mucha información, la cual les ha resultado difícil obtener de las instituciones estatales.
Una de ellas ya sufrió tropiezos en una primera instancia pero, según dijo, continúa sus esfuerzos con el pleno convencimiento de que esta es una lucha por su vida. La siguiente gestión será este mes y espera que las autoridades canadienses comprenda su situación.
“Mi caso fue rechazado por un documento del gobierno de Costa Rica que indica que nosotros los ticos tenemos sistemas computarizados para llevar control de denuncias y además que sí hay protección. Yo puedo demostrar que por más denuncias, pruebas y dictámenes médicos del OIJ (Organismo de Investigación Judicial) mi exesposo no fue arrestado ni una vez”, manifestó.
“Yo estaba muerta en vida, perdí mi cabello, perdí peso, perdía mis trabajos, él me quitó la casa y nos puso en la calle a las siete de la mañana con la niña en brazos. Un año antes de eso, llegó y vació la casa mientras yo trabajaba. Tengo tanto en esta herida que todavía sangra”, relató.
La otra de las víctimas explicó que desde 1995 interpuso denuncias por agresión doméstica, lo que está documentado en una instancia judicial aquí.
“Yo, como miles de mujeres en Costa Rica, también fui agredida. Vine a este país en busca de una vida mejor. Gracias a Dios me ha ido bien, pero necesito pruebas que están allá”, agregó.
Faltan herramientas
De acuerdo con Yolanda Bertozzi, quien pide asilo es una persona con miedo fundado de persecución por su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política o por pertenecer a un grupo social particular.
“El maltrato que sufre una mujer es claramente un daño muy grave que se reconoce como persecución a un colectivo social en la jurisprudencia internacional. Es necesario darles asilo”, agregó.
Para la viceministra de Seguridad Ana Helena Chacón las autoridades nacionales están en capacidad de brindar protección en los casos en que exista una denuncia, y las víctimas se mantengan firmes.
Para la ministra de la Condición de la Mujer, Esmeralda Britton, otra de las respuestas sería contar con una ley que provea instrumentos más efectivos para la protección de las afectadas por violencia doméstica.
Por esta razón, dijo, el proyecto de Ley de Penalización de la Violencia Doméstica será convocado este mes por el Poder Ejecutivo.
La legislación actual lo que permite es que un juez dicte medidas de protección, las cuales en decenas de casos no han sido ninguna garantía.
Ejemplos son las muertes de Cándida Lorenza Cajina y Ligia Maritza Picado, asesinadas el 28 de noviembre y el 10 de diciembre en Guanacaste y Osa, respectivamente. Ambas tenían medidas de protección. Así ocurre por lo menos en un 80 por ciento de las mujeres asesinadas, según Bertozzi.
