El Ministerio de Educación Pública (MEP) descubrió pagos por ¢60 millones a “profesores fantasma” que nunca dieron clases.
El dinero fue cobrado entre junio del 2005 y junio del 2006 por seis particulares nombrados como docentes de secundaria pese a que no laboran para el MEP.
Dos funcionarios de personal del Ministerio admitieron haber ordenado los pagos, por lo que fueron acusados penalmente al igual que los seis particulares.
Una de las funcionarias es una mujer con 10 años de laborar en el MEP que le asignó un código de profesor a su hermana, quien percibió ¢15 millones por salario.
El otro es un hombre de 24 años quien incluyó en planilla a cinco particulares, todos de San José.
Ambos funcionarios renunciaron y le externaron a los abogados del MEP su disposición a reintegrar el dinero para tener un “castigo” menor, dijo el viceministro, José Lino Rodríguez.
Método. Según Rodríguez, los dos funcionarios incluían en el sistema de pago el nombre del “profesor fantasma” con el número de cédula y le definían un salario que en la mayoría de los casos fue de ¢360.000 mensuales, lo mismo que gana un profesor con 10 años de impartir lecciones.
Además, le incluían el pago de un 50% de sobresueldo por laborar triple jornada o por dirigir diversos proyectos educativos.
Rodríguez señaló que los pagos eran retroactivos, es decir, cuando el funcionario del MEP incluía el nombre del particular establecía que se le debía pagar el salario de seis meses anteriores.
Una vez que el particular recibía el dinero en su cuenta bancaria, los sospechosos sustituían el número de cédula por 0 y el nombre por x.
Uno de los particulares fue incluido 38 veces en el sistema.
“Detectamos cédulas 0 y nombres x así que buscamos una información (de respaldo) que no se puede borrar y descubrimos los movimientos. Se supo quiénes los hicieron por la clave de acceso que queda registrada y quiénes recibieron el dinero”, dijo Rodríguez.
El MEP rastrea más casos, por lo que revisa manualmente que los 65.000 empleados que reciben salario trabajen en alguna institución.
“Revisamos cuadro con cuadro y esta tarea nos llevará dos meses”, señaló Rodríguez, quien dice que el sistema de pagos es muy frágil.
Para evitar que se repitan casos, agregó que ahora las acciones de personal son revisadas para verificar que el funcionario labora allí.