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Tecoluca, El Salvador. El ministro de Justicia de Costa Rica, Gerald Campos, visitó este viernes la megaprisión de máxima seguridad de El Salvador, donde constató las duras condiciones de encierro de los reclusos, entre los que hay más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos.
Desde un pasillo, Campos observó a un grupo de presos tras las rejas de su celda, a quienes los guardias ordenaron quitarse sus camisetas blancas para mostrar sus cuerpos tatuados con intrincadas imágenes, algo habitual entre pandilleros.
“Vamos a tomar todas las buenas prácticas y ver cómo las podemos llevar a un buen término en nuestro sistema jurídico”, indicó el ministro durante su recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en una zona rural de Tecoluca (sureste).
“Necesitamos reformar nuestras cárceles, empezar a hacer cárceles nuevas y cárceles que sean acordes con el nivel de criminalidad que hoy viven nuestros países”, añadió Campos.
El ministro, quien no fue llevado al área donde están los deportados venezolanos, es el segundo titular de Seguridad extranjero que visita el Cecot en menos de 10 días.
La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, estuvo en la instalación penitenciaria salvadoreña el 26 de marzo. Allí advirtió a los migrantes de no dirigirse a su país so pena de terminar en esta megacárcel, mientras posaba frente a una celda.
Considerado el penal más grande de Latinoamérica, en el Cecot hay unos 15.000 salvadoreños presos acusados de pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Este recorrido de Campos se dio mientras los homicidios y delitos ligados al narcotráfico están en aumento en Costa Rica, que antes era el territorio más seguro de Centroamérica.
Su país, que tenía tradición de respeto a los derechos humanos, ha recibido críticas de organizaciones humanitarias por haber recibido en febrero a 200 migrantes deportados por Washington, mayoritariamente asiáticos, que encerró en un albergue cerca de la frontera con Panamá a la espera de que alguna nación acceda a recibirlos.
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Catres sin colchón
Unos 1.000 agentes penitenciarios, 600 soldados y 250 policías, todos fuertemente armados, custodian el penal que el presidente Nayib Bukele inauguró el 31 de enero de 2023 como parte de su “guerra” contras las pandillas, que también es fuertemente criticada por organismos de derechos humanos.
En las celdas de concreto con gruesos barrotes de acero, los reclusos duermen en catres de acero sin colchón. El agua para beber la sacan de un barril de plástico.
Los salvadoreños recluidos en el Cecot fueron detenidos bajo un régimen de excepción, que ya lleva tres años, que permite arrestos sin orden judicial. Esto deja a los presos en la indefensión.
Al menos 86.000 acusados de pertenecer o colaborar con pandillas han sido capturados bajo ese régimen.
Unos 8.000 detenidos han sido liberados por ser inocentes, pero los grupos de derechos humanos afirman que quedan muchos inocentes tras las rejas.
El gobierno de Bukele, que hizo una alianza con el presidente Donald Trump para recibir deportados y encerrarlos en el Cecot, no se inmuta ante estas críticas.
“Los hemos mandado al carajo” a los defensores de los derechos humanos, dijo este viernes el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, tras reunirse con Campos en San Salvador.
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