EscucharIncumplimientos en la calidad del servicio que brinda el megapuerto de Moín dieron origen a la imposición de 64 multas por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
De acuerdo con el ministro Mauricio Batalla todas sanciones fueron ejecutadas en esta Administración y representaron un pago de alrededor de $1,5 millones por parte de la empresa concesionaria de la Terminal de Contenedores de Moín, APM Terminals.
La información fue dada a conocer este martes durante la comparecencia del jerarca ante la Comisión de la provincia de Limón, para atender cuestionamientos sobre la operación y la fiscalización que ejerce el Consejo Nacional de Concesiones sobre el contrato del megapuerto.
Marvin Sibaja, gerente del proyecto, agregó que las sanciones aplicadas corresponden a los parámetros establecidos en el contrato para medir el rendimiento. Entre estos podrían citarse tiempos de espera en la atención de embarcaciones o calidad del servicio.
A modo de ejemplo, Sibaja citó que cada incumplimiento de atención de buques representa una multa de $10.000, mientras que otro parámetro que mide el rendimiento de las grúas, se evalúa mensualmente y tiene una sanción de $10.000 por cada mes en que se detecten las faltas.
Los informes para determinar el cumplimiento de las condiciones de servicio son elaborados por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que actúa como fiscalizadora del contrato. Dichos informes siguen el debido proceso que incluye audiencias y descargo de pruebas.
El dinero de las sanciones es dirigido a un fondo de Concesiones para futuros proyectos.
Sibaja dijo que, además, actualmente hay multas que se encuentran judicializadas, aunque no precisó la cantidad ni el monto.
Pese a estos incumplimientos, Batalla dijo que el rendimiento de APM es mejor que los registrados cuando la operación estaba a cargo de Japdeva.
Control de contrato de megapuerto
En una audiencia previa, la Contraloría General de la República (CGR) señaló deficiencias del Consejo Nacional de Concesiones para ejercer los controles y fiscalización sobre el contrato.
Según ese órgano contralor, el MOPT continúa sin incluir en su presupuesto los recursos provenientes del canon de operación que deben destinarse a fortalecer la supervisión de ese contrato.
Marcela Aragón, gerenta del área de Fiscalización de la Contraloría General de la República, aseguró que esta omisión ha sido advertida a la Administración desde el 2020. Sin embargo, los fondos no se incluyeron en el presupuesto de este año ni en las previsiones de gasto del 2025, recientemente presentadas.
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Actualmente, hay alrededor de $4,7 millones por ese concepto, los cuales se encuentran en la Caja Única del Estado y no han sido utilizados desde el inicio de la fase de explotación del proyecto, en el 2019.
Este martes, Batalla sostuvo que están realizando las gestiones necesarias para fortalecer dicho consejo, para lo cual, en los últimos ocho meses trasladó a 12 personas y nombró una nueva secretaria técnica. Según él, están tratando de “ponerse al día” con lo que ha señalado la Contraloría.
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La Terminal de Contenedores de Moín, a cargo de la concesionaria APM Terminals, representó una inversión de $1.000 millones mediante un contrato de explotación y desarrollo de obras por 33 años.
Este martes el gerente del proyecto aseguró que estiman que la segunda fase de expansión del megapuerto podría llegar en el 2028, una vez que se alcance la atención de 1,5 millones de TEUs (contenedores de 20 pies). En este momento, dijo, se están atendiendo 1,2 millones de TEUs al año.
