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San José (Redacción). Una mujer denunció a la representación de la UNESCO en Costa Rica por haberla cesado, en enero pasado, aunque las autoridades locales conocían de su estado de embarazo.
La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Un total de 193 estados son miembros de la entidad.
Medea Akhalkatsi de Eitam relató que entró a trabajar a la oficina de esa organización en Costa Rica en abril del 2007 como encargada de Relaciones Públicas, mediante un contrato de servicios.
Dicho contrato luego fue extendido para todo el año 2008. Durante sus funciones, explicó la exfuncionaria, ella debía asistir a las instalaciones de la organización internacional y cumplir un horario de 8 a. m. a 4:30 p. m.
En diciembre del año pasado, afirmó Medea Akhalkatsi de Eitam, ella avisó a sus superiores que estaba embarazada. Para ese momento, tenía tres meses de embarazo.
“Tengo una carta en donde el director me promete ver cómo el estatus de embarazo no afectaría mi contrato”, aseguró la mujer, quien añadió que la evaluación que la UNESCO le hizo en el 2008 recomendó revalidar su contrato por un año más al calificar su trabajo de “ejemplar”.
Sin embargo, en enero le dijeron que la renovación estaba en estudio y, en marzo, le comunicaron que no continuaría con la organización.
La profesional llevó el caso al Ministerio de Trabajo, el cual convocó a las dos partes a una conciliación.
Sin embargo, el representante de la UNESCO en Costa Rica no se presentó ayer a esa cita, por lo que Medea Akhalkatsi de Eitam decidió llevar el caso a los Juzgados de Trabajo.
Esta tarde, este medio intentó contactar a Andrew Radolf, director de la UNESCO en nuestro país, pero no estaba. Además, se le envió un correo electrónico a su oficina.
La Defensoría de los Habitantes también acuerpó la denuncia de la exfuncionaria.
Esa institución alegó que la legislación costarricense establece un régimen de protección especial a las mujeres trabajadoras en estado de embarazo que, en términos generales, prohíbe el despido y obliga a un procedimiento especial ante el Ministerio de Trabajo.
El defensor adjunto, Daniel Soley Gutiérrez, consideró que la ausencia de la UNESCO en la conciliación representa un acto contrario a los preceptos éticos y jurídicos que envuelve un organismo internacional de Naciones Unidas.
