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Las municipalidades gastaron el año pasado solo la mitad del dinero que tenían disponible para realizar obras comunales.
Según la Contraloría General de la República, órgano fiscalizador del uso de recursos públicos, los 81 ayuntamientos y los ocho concejos municipales de distrito contaban en el 2005 con ¢46.000 millones para “inversiones”.
Sin embargo, el 50% de esos recursos (¢23.000 millones) se quedaron en las arcas municipales por diversas razones.
El gobierno local que menos dinero usó fue Carrillo (solo el 10% del presupuesto disponible para inversión), seguido de cerca por San Mateo (11%), Osa (12%), Golfito (17%) y Garabito (17%).
La lista de la Contraloría incluye a Coto Brus (20%), Esparza (22%), Orotina (26%), Puntarenas (34%) y Santa Cruz (34%).
El hecho de que no se usaran los recursos impidió que las más de 310.000 personas que viven en esos nueve cantones tuvieran mejores carreteras, aceras, puentes, alcantarillas o parques.
La partida para inversiones se nutre de dos fuentes.
Por un lado, la Ley 8114 destina parte de los ingresos generados por el impuesto a los combustibles a la reparación de caminos vecinales. El Ministerio de Hacienda giró el año pasado ¢10.000 millones por este concepto.
La otra parte de los recursos proviene de la recaudación de los impuestos de inmuebles, patentes y construcciones, entre otros. Estos tributos generaron el año pasado ¢123.000 millones.
De ese gran total solo ¢46.000 millones correspondían a “inversiones”. El resto solo podía ser utilizado por los ayuntamientos para brindar servicios de agua y de recolección de basura, así como para pagar la planilla.
Las municipalidades reconocen que no se le sacó provecho a todos los dineros disponibles debido a su propia ineficiencia para elaborar los carteles requeridos para contratar una obra.
Sin embargo, consideran que las licitaciones son procesos muy lentos y engorrosos por la cantidad de trámites que deben cumplir.
Justificación. Fabio Molina Rojas, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), afirmó ayer que la baja inversión no solo es un problema de ineficiencia municipal.
Molina apuntó, a manera de ejemplo, que cada vez que un ayuntamiento planea realizar una obra importante, las empresas que no fueron adjudicadas apelan, lo cual ocasiona retrasos de meses.
Para Mario Morales, presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, los municipios carecen de personal calificado para desarrollar los procesos de contratación.
El funcionario, sin embargo, aseguró que el dinero no utilizado en el 2005 sí podrá ser gastado este año. Para ello, se debe enviar un presupuesto extraordinario para aprobación de la Contraloría.
Los ciudadanos son los grandes afectados por la ineficiencia de las municipalidades para realizar obras comunales.
Por ejemplo, los 27.300 habitantes de Carrillo, Guanacaste, no pudieron ver construidas la terminal de autobuses, el atracadero en playas del Coco ni el pavimento en las calles de Sardinal.
José María Guevara, alcalde de ese cantón, dijo que el retraso obedece a la falta de planificación de los perfiles de las obras, pues el año pasado estuvieron sin ingeniero durante algunos meses.
Mientras, en el 2005, en el cantón de Puntarenas solo se utilizaron ¢281 millones de los ¢837 millones disponibles para obras.
Marny Chan, directora de Hacienda de ese ayuntamiento, dijo que las licitaciones retrasaron la ejecución de los recursos.
Erwen Masís, alcalde de San Mateo, reconoció que solo gastaron ¢8 millones de los ¢80 disponibles para reparar caminos. “Hacienda giró tarde el dinero y no dio tiempo de gastarlo”, dijo. Colaboraron: Ronny Soto y Oliver Pérez.
