EscucharEs casi un hecho que los muelles actuales del país no serán explotados por particulares, pues los diputados que integran la comisión que estudia el proyecto de Ley de Concesión de Obra Pública presentaron una moción en la cual se aclara que sólo serán sujetos de esta iniciativa las obras nuevas.
Tal iniciativa es coincidente con la postura adoptada por los sindicatos de trabajadores de los puertos de Limón, Moín y Caldera.
Pero, en opinión del ministro de la Presidencia, Marco Antonio Vargas, esta modificación hace que el proyecto de ley no sea lo "óptimo" y aseveró que "es una lástima" que no se lograra convencer a los muelleros. Aún así, indicó que el Poder Ejecutivo no retirará la iniciativa de la corriente legislativa, puesto que "aunque no es lo óptimo, la verdad es que el país consigue mucho con esa ley".
Esta moción fue presentada ayer -a las 5:30 p. m. - por los diputados socialcristianos Bernal Aragón Barquero, Rodolfo Méndez Mata y el liberacionista Antonio Alvarez Desanti, y aparentemente sobre ella existe un ambiente de consenso, según expresaron.
Vargas se reunió el miércoles, a las 11 a. m. , con un grupo de sindicalistas de los puertos del país, quienes le manifestaron su deseo de que los muelles existentes no fueran afectados por el proyecto de ley. Antes y después del encuentro, los trabajadores había dejado claro que la paralización de las terminales dependía de la determinación que tomaran los diputados.
Consultado sobre el tema, el diputado verdiblanco José Luis Velázquez, representante de la provincia de Limón, señaló que los muelles no debían entregarse en concesión y sentenció que si las condiciones seguían como estaban, el proyecto no iba a ser aprobado.
Asimismo, Méndez Mata señaló que había una visión equivocada del asunto, puesto que ante el proceso de globalización, los muelles costarricenses podrían quedarse atrás. "Si no se contribuye con su desarrollo económico, lo que venga para nuestros muelles se va para otros lugar", añadió.
El proyecto de Concesión de Obra Pública determina que el Estado puede dar en concesión a empresas privadas obras de infraestructura, las cuales pagarán un canon (renta) por su administración.
Intento fallido
Para tratar de llegar a un acuerdo con los trabajadores portuarios, Vargas convocó a los sindicalistas a una reunión en su despacho, la cual duró 1 hora y 45 minutos. Sin embargo, al final del encuentro, la posición de los muelleros seguía intacta.
En la cita, Vargas explicó que el Gobierno, a través de los diputados, había impulsado varias mociones que protegían a los empleados de los puertos ante una eventual concesión.
Las opciones que se manejaban eran las siguientes: a) a los trabajadores con 50 años y 20 de trabajar se les ofrecía una pensión inmediata y se les daría 3 salarios por cada año laborado; b) pensionar a los empleados con 25 años de laborar y c) entregar el canon de concesión a la Junta de la Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).
La moción presentada al final de la tarde excluye no sólo a los muelles existentes del proyecto, sino que también traslada el 60 por ciento del canon a las entidades mencionadas.
"Esa moción responde probablemente a una realidad del momento en el sentido de que después de la reunión que tuvimos con ls grupos sindicales, había una reacción de ellos a que se permitiera la concesión de los puertos existentes. Ellos (los diputados) han valorado que dificilmente se podría sacar el proyecto por las presiones que se tendrían de parte de las comunidades", señaló Vargas.
