EscucharDesde habilitar la posibilidad de que las instituciones públicas manipulen su información financiera hasta postergar por años las metas de sostenibilidad fiscal marcadas por el país.
Estas son solo dos de cinco posibles consecuencias que afrontaría el país en caso de que prospere el proyecto de ley impulsado por el gobierno para aflojar la regla fiscal, mecanismo legal que le impone un tope al crecimiento del gasto público de acuerdo con el nivel de la deuda y el crecimiento de la economía.
Las advertencias las detalló la Contraloría General de la República (CGR) en medio de las negociaciones entre las autoridades del Poder Ejecutivo y los diputados de oposición, quienes están muy cerca de sellar un acuerdo.
El criterio técnico de la Contraloría en contra del proyecto de ley se suma a la fuerte crítica realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual también advirtió de las consecuencias del plan.
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La iniciativa del gobierno no solo busca excluir más instituciones de la norma que frena el gasto público, sino que excluiría el gasto de capital (obras y equipamiento) y el pago de intereses de la deuda pública.
Entidades como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Consejo Nacional de Producción (CNP), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) quedarían por fuera de la norma.
“De aprobarse el expediente legislativo, se sacaría una tercera parte (33%) del gasto del Gobierno, que, junto con el 7% que ha sido excluido hasta la fecha, dejaría solo un 60% del gasto total del Gobierno sujeto a la cobertura de la regla fiscal”, advirtió el órgano.
Estas son las cinco repercusiones que ocasionaría la aprobación del plan sobre las finanzas estatales, según la Contraloría.
1. Disminuye la cobertura institucional sin incorporar sanas prácticas de Hacienda Pública.
El órgano contralor advirtió de que el gobierno pretende eliminar circunstancias que actualmente constituyen causal de aplicación de la regla fiscal a diversas instituciones.
Entre ellas, menciona la posibilidad de que el Estado tenga que hacer rescates financieros de entidades mediante presupuestos extraordinarios, o bien, que el nivel de deuda de estas instituciones sobrepase el valor total de sus activos.
En criterio de la Contraloría, esto “genera el riesgo fiscal de que estas instituciones se conviertan en pasivos contingentes para el Gobierno”.
2. Debilita el efecto esperado sobre el control de la deuda
De acuerdo con el criterio técnico, liberar de la regla fiscal los recursos dirigidos para el gasto de capital (obras y equipamiento) y el pago de intereses de la deuda pública es un error que desvirtuaría la regla fiscal.
Excluir el gasto de capital y los intereses crearía espacio para aumentar el gasto destinado a salarios públicos, servicios y transferencias. La aprobación de esta reforma para el presupuesto del 2023 hubiese abierto la llave del gasto corriente en ¢140.000 millones.
“Entre 2021 y 2022 se han observado cambios en la senda de la deuda, en comparación con el escenario del 2020 (pandemia), y no es prudente ni conveniente, bajo ninguna circunstancia, debilitar estos mecanismos anticipadamente, ante los riesgos futuros que enfrenta la economía mundial, incluso para el presente año”, advierte la Contraloría.
Agrega que “no debe olvidarse que los parámetros de la regla fiscal ya consideran que, conforme mejoren las condiciones económicas y fiscales, los límites máximos se tornan menos restrictivos”.
3. Incrementa la complejidad en la verificación y reduce la transparencia
La advertencia de la “manipulación” o de la “contabilidad creativa” de las cifras de gastos de capital por parte de las instituciones, para librarse de la regla, también fue expuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un criterio técnico enviado al Ministerio de Hacienda, que recomendó no avalar el plan.
4. Contribuye a debilitar la base jurídica y la credibilidad
La Contraloría advirtió que, desde la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que introdujo la regla fiscal, han existido siete distintos reglamentos sobre la norma y se han aprobado 14 leyes de exclusión del ámbito del mecanismo, al tiempo que están en trámite otros 22 proyectos de ley para modificarla.
Esto ha sucedido de diciembre del 2018, cuando se aprobó la reforma fiscal, hasta la fecha; es decir, en menos de cinco años.
Para la Contraloría, incrementar los portillos debilita la base jurídica, la credibilidad y el propósito del instrumento, al estar expuesto el instrumento a constantes cambios legales y reglamentarios.
5. Modificar parámetros podría comprometer el cumplimiento de destinos constitucionales y la atención de los servicios públicos.
Esta advertencia planteada por la Contraloría está relacionada con la modificación de un importante parámetro.
La norma señala que, “cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal no supere el 30% del PIB, o la relación gasto corriente-PIB del Gobierno Central no supere el 17%, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el promedio del crecimiento del PIB nominal”.
El órgano contralor sostiene que la interpretación hasta ahora de esta norma ha sido que el porcentaje de 17% se lee como “igual o menor”.
En criterio de la Contraloría, la remoción de este parámetro, como se propone en el plan del gobierno, plantea que el gasto corriente pueda seguir disminuyendo como porcentaje del PIB, lo que pone en peligro los destinos constitucionales y la atención de los servicios públicos.
“El establecimiento de ese parámetro en la ley conlleva una restricción al descenso del gasto y, obviamente, de la deuda”, señala el criterio.
Agrega que es necesario conservar el parámetro, pues en poco tiempo, el gasto corriente podría tener una baja sustancialmente considerable que provoque un efecto negativo.
