Orosi, Cartago. De 30 familias sacadas de Cerro Loaiza, en Orosi, luego de que el 31 de agosto del 2002 su caserío fuera arrasado por un deslave de la montaña, 11 aún no cuentan con casa propia.
Algunas deben pagar alquiler de sus escasos recursos y otros viven donde familiares.
Ese día, se destruyeron 13 de las 20 viviendas en la zona y siete personas no aparecieron; sus familiares pusieron cruces en la cresta del derrumbe y el sitio se invistió como cementerio.
Hoy, solo la familia de José Chaves Torres, conformada por siete miembros, permanece en el lugar de la tragedia.
“Nosotros nos habíamos ido después de la tragedia, y mi papá pagó alquiler en el centro de Orosi y después en Paraíso, pero hace dos años regresamos, donde cuando llueve, todos tememos lo peor”, detalló su hija Andrea, de 21 años.
Otros, como Luis Antonio Chaves Granados, no pueden pagar un alquiler con los ¢30.000 semales que gana en su trabajo de taxista.
“El anterior gobierno nos trajo de institución en institución, y al final no nos resolvió nuestro problema. Vivo con mi esposa y dos hijos, arrimado a mi suegra”, expresó .
A 19 familias de Cerro Loaiza se les dio casa, pero se los llevaron de Orosi a comunidades como Pasoancho de Oreamuno o Caballo Blanco de Cartago.
Estudio. Hernán Siles, fiscal de la Comisión de Emergencia Local, dijo que el presidente de la CNE, Daniel Gallardo, les ha ofrecido prioridad en estos casos.
“Está el recién aprobado proyecto, es Ecovivienda, donde pensamos que se puedan ubicar cuatro de esas 11 familias”, expresó Siles.
Dijo que se pidió a jerarcas del ICE que donen un terreno de su propiedad, de alrededor de una hectárea, para las siete familias restantes y para 23 que viven en permanente peligro, en el otro deslizamiento de Jucó.