San Cristóbal Sur, Cañas, Guanacaste . La Sala Constitucional ordenó a la municipalidad de Cañas entubar una zanja, de unos tres metros de profundidad y 800 de longitud, y que es fuente de contaminación con aguas negras y servidas, ubicada en el barrio San Cristóbal Sur, de esta localidad.
La orden se da luego de una disputa entre los vecinos de la comunidad y el municipio de poco más de 6 años. Al menos 105 familias de este poblado resultan afectadas según cálculos hechos por Antonia Barahona, presidenta del comité de vecinos de San Cristóbal Sur.
A su juicio, el problema es producto del inadecuado tratamiento de las aguas servidas de la comunidad, pese a que durante mucho tiempo la municipalidad ha ofrecido tratarlas.
Barahona afirma que los malos olores y lo sucio del canal han provocado casos de hepatitis y dengue y los niños constantemente padecen de fiebre y diarreas.
Sobre el tema, el alcalde del municipio, Eduardo Parajeles Duarte, aceptó que la Sala Cuarta les envió un comunicado en el que se les obliga a emitir un informe trimestral. También, deben dar detalles sobre los avances de la obra, la cual debe concluirse en un plazo máximo de un año.
Parajeles afirmó que la solución óptima es entubar los 800 metros de zanjo que desaguan en el río Cañas, pero que en la actualidad la municipalidad no cuenta con los fondos necesarios. Las obras podrían costar unos ¢70 millones, según un estudio efectuado por Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Mientras tanto, la municipalidad optará por pavimentar la zanja, con fondos de un préstamo por ¢5 millones. Con ello, facilitarán su limpieza.
Actualmente los trabajadores se limitan a cortar la maleza y retirar desperdicios de basura como colchones o muebles viejos, que según el alcalde, los vecinos tiran en el lugar.
¿Solución a la vista?
Parajeles considera que a mediados del próximo año el municipio estaría en capacidad de limpiar el cauce y empezar a entubarlo. Advirtió, sin embargo, que los vecinos serán responsables de sus tuberías y de la construcción de tanques sépticos donde disponer de los líquidos.
Barahona rechazó que algún vecino tirara sus residuos en el lugar. Dijo más bien que, precisamente, cuando se presentó la denuncia ante la Sala Cuarta se mencionó a la empresa Lubricentro Ulate, como una de las que depositaba aceite quemado.
El propietario de esta firma, Luis Ulate, negó tal cargo y afirmó de que ya entubaron sus residuos, los cuales se echan a la laguna de oxidación de la municipalidad.
Para iniciar las obras, la municipalidad espera el aporte económico del consejo de distrito y de otras instituciones como el AyA, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).