Patrimonio

Costa Rica declara bahía Santa Elena en Guanacaste como nueva área de protección marina y pesca sostenible

Autoridades celebran de esta manera el Día Mundial de los Océanos

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Pescadores artesanales en la bahía Santa Elena en el océano Pacífico frente a las costas del cantón de La Cruz en Guanacaste / Fotografía: José Díaz. (Jose Diaz)

El cantón de La Cruz, en Guanacaste, tiene una nueva zona marina para la conservación de ecosistemas marinos y pesca artesanal sostenible, luego que el presidente Carlos Alvarado y el Ministro de Ambiente y Energía (Minae), Carlos Manuel Rodríguez, firmaran este viernes un decreto que crea la llamada Área Marina de Manejo Bahía Santa Elena.

Con esta declaratoria, realizada en el marco del Día Mundial de los Océanos este 8 de junio, el Gobierno espera que ese espacio promueva y garantice la conservación y uso sostenible de recursos marinos costeros, así como una distribución justa y equitativa de sus beneficios entre las comunidades cercanas.

La firma del documento, representa la culminación de una iniciativa ciudadana planteada en el 2013 y el trabajo en conjunto de sectores de la sociedad civil, pesca artesanal, deportiva, palangre, turismo, gobiernos locales, ASADAS, ONGS, Guardacostas, Incopesca y Minae.

Bahía Santa Elena está compuesta por 732,1 hectáreas, localizadas en el océano Pacífico, junto a la costa del Parque Nacional Santa Rosa.

El Gobierno asegura que con la administración sostenible de este sector se beneficiarán alrededor de 3 mil personas.

Bahía Santa Elena se convierte en la tercer Área Marina de Manejo (AMM) del país; se suma a Montes Submarinos, situada dentro del Área de Conservación Marina Cocos, y Cabo Blanco, al sur de la península de Nicoya.

El presidente Carlos Alvarado, firma el decreto que crea el Área Marina de Manejo Bahía Santa Elena. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

La declaratoria autoriza a organizaciones de pescadores artesanales, sector turístico y otros grupos comunales de Cuajiniquil y el El Jobo, entre otras, a beneficiarse de los recursos bajo el agua de la zona, sin embargo, ellos también deben integrarse al proceso de conservación y uso sostenible del área.

Conforme al decreto, el espacio también debe servir para la reproducción de peces y otros organismos, por lo cual la pesca allí será regulada.

Según detalla el documento, estudios de la Universidad de Costa Rica encontraron en esta zona del Pacífico "una alta biodiversidad" la cual requiere protección bajo una categoría de manejo especial que permita tanto conservar como estudiar científicamente todos sus hábitats.

En adelante, el Área Marina de Manejo Bahía Santa Elena adquiere la categoría de Sitio de Importancia para la Conservación de los ecosistemas marinos, según el Ministerio de Ambiente y Energía.

Dicha etiqueta significa que varias entidades del Estado velarán por su correcto uso y el cumplimiento de los objetivos por los cuales se creó.

Por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) coordinará en adelante con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) diversos fomentos para la producción y la atención social, económica pesquera y turística del área.

Ambas entidades, por ejemplo, deben generar los encadenamientos productivos necesarios para garantizar una distribución justa y equitativa de los servicios ecosistémicos y el bienestar de las comunidades.

Para ello, se autoriza a las instituciones del Gobierno y ministerios a invertir dentro de esta área marina para impulsar actividades económicas.

El Sinac, de conformidad al numeral 42 de la Ley de Biodiversidad, fijará en seis meses una tarifa de ingreso al Área Marina de Manejo Bahía Santa Elena para pescadores y otros usuarios, excepto para pescadores en pequeña escala de comunidades vecinas.

Tanto el presidente Alvarado, como el jerarca del Minae, aprovecharon la firma del decreto para resaltar la importancia de que los mares se conviertan en parte de las soluciones para el desarrollo de las comunidades costeras.

"Les comparto una de mis principales preocupaciones e inmediatamente, ocupación: ¿cómo podemos dar respuestas claras, categóricas y certeras, como país, a nuestros pobladores en las regiones costeras?, donde vemos más desigualdad con respecto a otras poblaciones en el país", dijo el mandatario.

Para atender esta situación, el gobernante aseguró haber solicitado un "trabajo conjunto institucional para llevar soluciones sostenibles y reales a las poblaciones que hoy lo demandan, principalmente en provincias como Puntarenas, Limón y Guanacaste".

Además, advirtió sobre la necesidad de superar el antagonismo entre producción, sostenibilidad y conservación del ambiente, "sino que día a día tenemos que trabajar para entender las maneras, el balance, para conseguir su coexistencia".

Por su parte, Rodríguez indicó que durante la presente administración, el Minae girará su visión a los mares y a las comunidades colindantes, debido a que la mayor parte del territorio nacional está compuesto por agua.

"Esta es una administración que está consciente que la mayoría del territorio son mares, y que la responsabilidad en el Ministerio, es el poder desarrollar e incorporar, los mares y ecosistemas marinos en nuestro desarrollo y que todas las instituciones del Estado, asuman las competencias que les corresponde", explicó el jerarca.

"El 92% del territorio costarricense son océanos, pero aun somos una nación de montañeses que vemos solo a lo interno de nuestros valles y consideramos que la historia de Costa Rica está limitada a esa nación cafetalera, a esos campesinos que colonizaron las partes altas de nuestro territorio, dándole las espaldas al mar", añadió.

La presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, y el jerarca del Minae, Carlos Manuel Rodriguez, renovaron por 5 años el Convenio para la Implementación de la Estrategia Nacional de Control y Vigilancia Marítima. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

Los jerarcas de los ministerios de Ambiente y Energía, Seguridad Pública y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), también renovaron por 5 años el Convenio Marco de Cooperación Mutua para la Implementación de la Estrategia Nacional de Control y Vigilancia Marítima.

Este acuerdo establece "la implementación de un plan cuyo pilar fundamental es el diseño, ejecución y operación de un Sistema de Control y Vigilancia Marino Costero, a partir de la unión de sinergias, recursos y conocimientos de carácter técnico, socioambiental, científico y tecnológico", señala un comunicado de prensa del Gobierno.

Parte de los resultados de esta estrategia fue la instalación en el 2016 de un radar en el Parque Nacional Isla del Coco.

El radar tiene capacidad para detectar embarcaciones incluso de diez metros cuadrados de diámetro a 48 millas náuticas de distancia en condiciones climáticas adversas.

Como parte del equipo complementario, se instaló un detector AIS (Automatic Identification System) que permite saber el nombre, tipo, bandera, calado y categoría de dichas embarcaciones.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina; finalizando la Maestría en Diplomacia del Instituto Manuel María Peralta.

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