El complejo de edificios que albergó el Sanatorio Durán, en Potrero Cerrado de Oreamuno, ya forma parte del patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica. Sin embargo, la falta de dinero tiene paralizada, por el momento, su restauración.
Ni el Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura ni la asociación de agricultores Upanacional – propietaria de los inmuebles– cuentan con recursos para invertir en recuperar los históricos recintos.
La declaratoria consta en el Decreto Eecutivo N.° 38657-C, publicado en el diario oficial La Gaceta del miércoles 19 de noviembre. El documento desglosa 24 argumentos que justifican la importancia histórica, arquitectónica y cultural del conjunto de edificios en donde funcionó, entre 1918 y 1973, un hospital para el tratamiento de la tuberculosis.
Este centro médico –único en Costa Rica y Centroamérica– cumplía con los más altos estándares de calidad para la época.
“Fueron tres años de espera para esta declaratoria. Hubo muchos tropiezos en el camino, ya que al ser un conjunto de edificios tan grande, sabíamos que era difícil que se diera la aprobación. Como exempleados, estamos muy felices; es un paso adelante hacia la restauración. Tenemos la esperanza de que vuelva a ser el sanatorio que fue en sus inicios”, opinó Luz Marina Montenegro, quien trabajó en el sanatorio durante seis años.
Pero la extensa lista de atributos es insuficiente para solventar el principal problema: la falta de dinero. Según lo establece la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica (N.° 7555), los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre los bienes declarados tienen la obligación de “conservar, preservar y mantener adecuadamente los bienes”.
Desde 1990, la propietaria de los edificios del Sanatorio Durán es la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional).
El secretario general de Upanacional, Guido Vargas, declaró que invierten mensualmente cerca de ¢7.300.000 en gastos administrativos (salario para cinco empleados, servicios públicos), limpieza, ornato de áreas verdes, seguridad y mantenimiento básico de la finca y de la lechería.
“Somos los propietarios de los edificios, pero ninguna ley puede obligarnos a invertir en una restauración multimillonaria si no contamos con los recursos. En Costa Rica se han declarado muchos edificios y se han perdido, porque no hay dinero para restaurarlos”, dijo.
El dinero que se obtiene por entradas tampoco es suficiente.
El jefe de Arquitectura del Centro de Patrimonio, Adrián Vindas, declaró que mientras no exista un proyecto sostenible para la utilización de ese complejo, la institución no invertirá en su restauración.
“Debido al deterioro que presentan los edificios y a las dimensiones de las estructuras, se requiere un mínimo de ¢4.000 millones para su restauración. Pero si el espacio no va a tener un uso, es botar la plata”, dijo Vindas.
Para agravar la situación, el Centro vio recortado su presupuesto y solo contará con cerca de ¢1.000 millones para invertir en restauraciones para el 2015.
“Una solución viable es que alguna empresa privada proponga un proyecto turístico o cultural que se pueda desarrollar ahí”, agregó Vindas.