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La Procuraduría General pidió ayer el embargo de cuentas y bienes de los expresidentes de la República Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón.
También contra Walter Reiche Fischel, la Corporación Fischel, Gloria Bejarano Olmeda de Calderón y Édgar Valverde.
La procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, explicó que no se están precisando montos del embargo, excepto en el caso de la exprimera dama Gloria Bejarano de Calderón, que es por $80.000 (¢35 millones).
Entregan gestión
La solicitud se entregó ayer –a las 2:30 p. m.– al Ministerio Público para que sea adjuntada a las causas por el préstamo Finlandia (para la compra de equipo médico que sería usado por la Caja Costarricense de Seguro Social) y las comisiones del caso ICE-Alcatel.
En caso que un juez acepte la petición, los imputados no podrán usar el dinero depositado en las cuentas bancarias, ni tampoco vender los bienes inscritos hasta por el monto del reclamo que presenta el accionante civil.
Esta es el segunda demanda de carácter económico que plantea el Estado en esta investigación.
En primera instancia se había solicitado el embargo contra Olman Valverde Rojas, Juan Carlos Sánchez Arguedas, Ligia María Céspedes, Gerardo Bolaños Alpízar, Eliseo Vargas y Servicios Médicos Promédica.
Asimismo, contra José Antonio Lobo, Joaquín Alberto Fernández, Guido Sibaja y Rodrigo Méndez Soto.
Un juez admitió a la Procuraduría General como demandante civil, pero le exigió hacer un depósito de garantía. Esto, ante la eventualidad de que en un juicio no prospere la acción y el perjudicado con el embargo reclame por los daños y perjuicios, pues durante un tiempo no pudo usar el dinero que depositó en cuentas o no pudo vender una propiedad.
Lorena Brenes dijo que se está apelando esa resolución porque el Estado tiene suficientes bienes para responder.
Brenes explicó que no se han cuantificado los montos a embargar porque la investigación todavía está en proceso y aún no se ha podido determinar el daño económico al Estado.
Indicó que se pide el embargo a Calderón aunque este había depositado $520.000, pues alegó que el dinero está a favor de la Fiscalía y no a la orden del Estado.
Otros hechos del caso
Paralelamente a la presentación de la gestión de la Procuraduría, ayer declaró Wálter Reiche como testigo en el caso Alcatel- ICE.
Por otra parte, el abogado Edgardo García, defensor de Juan Carlos Sánchez (exgerente de Modernización de la CCSS), presentó ante el Juzgado Penal el nombre de un perito para que valore una finca que ofrecerá como garantía para el pago de ¢100 millones que se están pidiendo como fianza para excarcelar a su cliente.
La defensa espera que en el transcurso de esta semana el Juzgado acepte ese pago.
Mientras tanto, el abogado Rafael Gairaud, quien es defensor de Walter Reiche y Miguel Ángel Rodríguez, fue llamado el viernes anterior a declarar como testigo en la misma causa.
No obstante, Gairaud manifestó ayer que como defensor no podría asumir la doble función, por lo cual hizo uso del derecho legal de la abstención fundado en el secreto profesional.
La citación para este abogado se hizo porque en una declaración de Reiche se mencionó que Gairaud tuvo alguna participación cuando unas personas quisieron contactarlo.
Gairaud alegó que, por su condición de defensor, se enteró de alguna información, pero insistió en que está amparada al secreto profesional.
Hoy será la audiencia oral para analizar el cambio de medidas cautelares para Rodrigo Méndez y Andrea Vargas, hija de Eliseo Vargas, expresidente de la CCSS.
