La ministra de Planificación, Laura Fernández, descartó que la Ley de Empleo Público y su reglamento, los cuales entraron a regir este viernes, contemplen disposiciones para el despido de funcionarios interinos que actualmente ocupen plazas vacantes en el Estado.
Fernández sostuvo que estos servidores mantendrán sus condiciones laborales y que la nueva legislación, en su artículo 12, más bien les fija un plazo de un año a las instituciones cobijadas por la ley para definan planes para nombrr en propiedad a los colaboradores que realizan un interinazgo.
“Dicho plan deberá ser publicado en la plataforma integrada del empleo público, de la Dirección General de Servicio Civil”, según establece el transitorio IX del citado artículo.
“Este proceso deberá contemplar el concurso de valoración de méritos establecido en el artículo 26 de la presente ley, de forma tal que a la persona servidora pública que esté ocupando la plaza vacante en forma interina, por un periodo no menor a dos años, se le considere de forma prioritaria, salvo que la jefatura inmediata manifieste su oposición fundamentada”, señala la normativa.
Fernández recordó que la contratación de nuevo personal interino y permanente se regirá a partir de hora por el nuevo esquema de salario global transitorio. En el caso del Poder Ejecuivo, el reglamento publicado hoy establece una escala de remuneraciones para siete familias de puestos.
El salario global transitorio consiste en un monto único para cada categoría de puesto laboral, conformado por el salario base actual de cada puesto más los incentivos, aunque no se incluye el plus de anualidad.
Consultada, en conferencia de prensa, sobre la cantidad de servidores que tenían contrato temporal antes de la entrada en vigencia de la ley, la ministra indicó que no tenía a mano el dato, pero insistió en que no hay planes de despido para estos colaboradores.
En la actualidad, hay dependencias del sector público que tienen una importante cantidad de interinos. En el Ministerio de Educación Pública (MEP), por ejemplo, un poco más de la mitad de sus 86.000 funcionarios se encuentran en esa condición laboral (44.469 trabajadores).
Dicha cartera decidió prorrogar hasta el 31 de enero del 2028 los puestos de docentes interinos para garantizar una educación “pronta y oportuna”. Todos estos educadores, con la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público, mantendrán sus condiciones laborales.