Escuchar
Diputados del PLN, del PUSC y del Frente Amplio aprobaron en primer debate, este miércoles, un proyecto de ley que le quitaría hasta ¢52.000 millones al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, al permitir que un grupo de educadores se salga de ese sistema jubilatorio para pasarse al del Magisterio Nacional, donde hay mayores beneficios.
La iniciativa, en discusión desde el 2009, permitiría el traslado de entre 1.847 y 6.000 docentes que, en 1995, se habían ido a cotizar al régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el que era menor la cuota que debían aportar de su salario.
Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la Caja, explicó que la salida de esas personas implicaría para el IVM una pérdida de ¢52.000 millones que ese régimen no tiene a la mano, pues el dinero que han aportado estos educadores se ha utilizado para pagar las pensiones de otras personas, como ocurre en este mecanismo solidario.
Carrillo prevé dos impactos: el que significará tomar ese dinero de las reservas del IVM para dárselo al Magisterio y el que provocará, en los cálculos actuariales, el dejar de percibir sus cotizaciones.
Entre aplausos de miembros del gremio de educadores, diez diputados avalaron el proyecto en la Comisión Plena I, con lo que el plan se exime de pasar por el plenario. La iniciativa estipula que los docentes tendrán que aportar a la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) la diferencia entre las cuotas del IVM y las de Jupema desde 1995 hasta la fecha, pues en el segundo sistema los aportes son mayores. La CCSS, a su vez, deberá trasladar lo que cotizaron.
La administración de Luis Guillermo Solís se opuso a la iniciativa legal desde su presentación, no solo por el impacto que significa para el IVM, sino también porque tendría un impacto en las finanzas del Gobierno Central.
Según explicó Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, el régimen de reparto al que se pretenden trasladar los docentes es financiado, principalmente, con cargo al Presupuesto Nacional. O sea, esas pensiones las pagan todos los costarricenses, casi en su totalidad.
En un estudio presentado por el Ministerio de Hacienda, ante la Comisión Legislativa con Potestad Plena Primera, se advirtió que, en el peor escenario, eso significaría un costo para el erario público de hasta ¢535.000 millones en el lapso de 40 años.
El peor escenario es que se pasen los 6.000 docentes al régimen pagado con los impuestos de los costarricenses y que estos se pensiones a los 58 años, incluso tomando en cuenta el traslado de las cuotas del IVM al Magisterio.
Aun en el escenario optimista, el Gobierno prevé que haya un costo de ¢185.000 millones en 40 años, en el caso de que se trasladen solamente 1.847 docentes.
Pese a estas advertencias, que vienen escuchando los diputados desde los dos gobiernos anteriores, diez legisladores votaron a favor del primer debate y solamente cuatro estuvieron en contra.
Tanto la administración de Óscar Arias y como la de Laura Chinchilla se opusieron a la iniciativa, precisamente por el costo que le significaría al Estado costarricense.
Sin embargo, este miércoles, una mayoría de diputados dijo creerle más a la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema), cuyos datos son mucho más conservadores en cuanto a posibles beneficiarios y sobre los costos.
Según la Jupema, solo 1.179 docentes se podrías trasladar de régimen porque solo ellos cumplen con el requisito de haber cotizado para el magisterio por 10 años ininterrumpidos antes de julio de 1995.
Roger Porras, de la Dirección Actuarial de Jupema, alegó hace una semana que, en el primer quinquenio, ese traslado le costaría al Estado ¢1.183 millones y no lo que dice el Gobierno, que ronda los ¢10.000 millones por año.
Los diez votos a favor del plan se dividieron así: tres del Partido Liberación Nacional (PLN), tres del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y tres del Frente Amplio, así como la diputada Nidia Jiménez, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
En contra estuvieron dos verdiblancos, Julio Rojas y Maureen Fallas; así como los oficialistas Marco Vinicio Redondo y Víctor Hugo Morales Zapata.
Fallas enfatizó en el fuerte golpe para la hacienda pública y para la CCSS: "En una sociedad igualitaria, desearía que tuviésemos un solo sistema de pensiones con igualdad real, por esto mi voto será negativo para este proyecto".
Su compañero de fracción, Michael Arce, adujo que hay muchos datos contradictorios, por lo que prefirió solamente hacerle caso a los aportados por la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema). Tanto él como Juan Marín le sacaron aplausos al público presente durante la sesión, todos ellos docentes beneficiarios de la iniciativa.
"Creo que, por justicia, porque merecen una ventana de oportunidad para decidir, para volver al régimen que les toca, asumiendo el costo, creo que es oportuno respaldar este proyecto con gallardía. Mi voto será positivo", dijo Arce.
El jefe de fracción del Frente Amplio, Francisco Camacho, aseguró que su bancada siempre ha estado a favor de ese traslado, pese al costo para el Estado. Con él, votaron a favor Edgardo Araya y Patricia Mora, ambos del FA.
"Lamento la insistencia del Gobierno en no encontrar un punto de encuentro para un tema de justicia. En la legislatura pasada, el PAC estaba a favor y ahora, que son gobierno, no", comentó Karla Prendas, jefa de fracción liberacionista, quien agregó que dos diputados más del PLN apoyaban el plan, pero no pudieron asistir.
La respuesta del oficialista vino de Marco Vinicio Redondo, quien alegó que efectivamente el PAC había defendido el proyecto, en condiciones que -según él- eran totamente diferente. "No teníamos el problema del déficit fiscal y, por lo tanto, hay una responsabilidad que obliga a que se tomen decisiones diferentes", indicó.
