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A los 75 años y con un desgaste en las rodillas que le dificulta asumir trabajos pesados, don Roberto Duarte se encarga, solo, de sacar adelante a siete hijos entre los 9 y los 20 años.
Duarte fue carnicero hasta que, hace ocho años, recibió una pensión del Régimen No Contributivo, de ¢78.000 mensuales.
Hay aprietos económicos, pero también ayuda para esta familia de Salitrillos de Aserrí, en San José.
Tres de los hijos estudian con beca, al tiempo que el hogar atiende otras necesidades, como el pago de la casa y la alimentación, con otros subsidios estatales.
En Costa Rica, 1 de cada 4 hogares recibe ayudas por parte del Estado, según la más reciente encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), elaborada en julio de este 2018.
Este 25% de las familias percibe subsidios como becas, pensiones del régimen no contributivo y ayudas mensuales diversas, ya sea en efectivo o en especie. El núcleo familiar de don Roberto es uno de esos.
En números absolutos, las asistencias estatales llegan a poco más de 392.000 hogares (234.000 en zona urbana y 159.000 en zona rural) en un país con 1,5 millones de familias.
El impacto es mucho mayor en las zonas rurales, en donde el 37% de las casas recibe algún tipo de subsidio, mientras que en la región urbana la cifra es del 21%.
“Ahí vamos saliendo, como podemos. Antes limpiaba jardines y hacía trabajitos que me salieran, pero como tengo desgaste en las rodillas, entonces ahora me cuesta más. Por dicha, los muchachos tienen una ayuda y ahí nos dan para la comida”, comenta Duarte.
Don Roberto es padre de Keren (20 años), Michael (18), Roberto (17), Dennis, (16) Jason (14 ), María Fernanda (11) y Yanely (9) Duarte Ortega.
Según cuenta, los tres mayores cuentan con una beca de ¢30.000 cada uno. La joven estudia en un centro de formación técnica; los muchachos asisten al colegio.
El resto de los hijos, aunque no reciben un subsidio, también van a clases.
El día a día lo libran con la pensión que recibe el jefe de hogar y con un comestible que les dona la red de cuido de adultos mayores.
“Solo de alquiler pago ¢140.000, más agua y luz. Con lo que les dan a mis hijos, ellos se ayudan para pagar los pases para ir al colegio”, prosigue Duarte.
Impacto en pobres y en no pobres
De los 392.000 hogares que reciben algún subsidio o beca, casi 187.000 (el 48%) están por debajo de la línea de pobreza y más de 255.000 (52%) califican como no pobres.
“Muchas de estas familias, si no reciben esas transferencias del Estado, probablemente no tendrían de qué vivir ni con qué comer. Niños saldrían de los centros educativos. Las personas adultas mayores o personas o con discapacidad, si no reciben esta ayuda, no hay manera de que tengan atención”, afirma María Fullmen Salazar, presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
De hecho, la misma Encuesta de Hogares 2018 reflejó que el 21,1% de la población costarricense es pobre, lo que equivale a casi 329.000 hogares.
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Según explicó la jerarca de la institución rectora de asistencia social del país, ese apoyo otorgado por el Gobierno a las familias puede salvar a muchas de estar por debajo de la línea de pobreza.
“Hoy zonas específicas de este país donde la gran mayoría de gente vive de esas transferencias. Se les da comida, beca, dinero para los pases, todo con el objetivo de que luego se inserten en el mercado laboral”, amplió la presidenta del IMAS.
Pero, ¿por qué son más los hogares tipificados como no pobres los que reciben ayuda que los que califican como pobres?
Salazar comentó que esto se da por distintos motivos. El más común responde a filtraciones. Por ejemplo, a familias en donde uno o varios de los miembros cuenta con un trabajo informal, pero como el Estado no tiene forma de comprobar esos ingresos, entonces no se toman en cuenta a la hora de hacer la valoración socioeconómica para otorgarles el subsidio.
“En esos casos, no hay manera de que el IMAS, ni ninguna institución, pueda constatar los ingresos reales de las familias. Entonces, algunas reportan menos de lo que reciben y eso ya las hace candidatas para las ayudas. Sin embargo, en el caso de nosotros, esas filtraciones son pocas”, argumentó.
Otra de las razones, dijo la funcionaria, es que todas las instituciones tienen una forma distinta de clasificar la pobreza y, probablemente, estas no coincidan.
“Cuando todas las entidades tengamos un sistema único de clasificación de beneficiarios, eso podría cambiar”, aseveró.
La jerarca aseguró que, aunque la mayor cantidad de favorecidos con la asistencia social recibe un subsidio, en muchos casos, se les otorgan hasta seis tipos de ayuda diferentes.
Por línea de pobreza, el ingreso promedio de una familia pobre es de ¢212.000 mensuales, frente a un promedio de ¢1,2 millones en el resto de los hogares.
Las tasa de desempleo abierto –gente que pese a tener disponibilidad para emplearse no encuentra trabajo– también golpea a la población menos favorecida. Este indicador es del 23,3% en pobres, mientras que en no pobres es del 5,8%.
La escolaridad promedio también es abismal entre ambas partes de la población; es de 9,38 años en no pobres, y de 6,59 años en pobres.
Jerarca del IMAS teme que falte el dinero
El presupuesto del IMAS para este 2018 es de alrededor de ¢200.000 millones, de los cuales, más de ¢113.000 ya se habían ejecutado durante el primer trimestre del año.
Dichos recursos han beneficiado a más de 218.000 familias, aseguró la presidenta ejecutiva de la entidad.
Para el 2019, la institución pretende destinar unos ¢160.000 millones en subsidios de esa índole, como parte de su programa de Promoción y Protección Social.
No obstante, advirtió Salazar, esa inversión dependerá de si se aprueba en segundo debate, en la Asamblea Legislativa, la reforma fiscal. De lo contrario, explicó, el Gobierno empezará a cortar presupuesto y lo hará primero con el dinero destinado a obras sociales.
“Si no se aprueba el plan fiscal, los primeros que se verían afectados son este 25% (de familias que reciben subsidios o becas en todo el país), porque no habría plata para otorgar esos beneficios. Si no hay aprobación del paquete fiscal, no hay plata para asistir a esta gente”, exhortó la jerarca.
Ayudas de diversa índole
El IMAS cuenta con una serie de programas dirigidos a distintos grupos sociales. El que consume la mayor parte de su presupuesto (el 40%) es Avancemos, una transferencia mensual de entre ¢30.000 y ¢40.000 otorgada a colegiales a cambio de que permanezcan en el sistema educativo.
A setiembre de este 2018, esta iniciativa había beneficiado a 195.000 estudiantes, para una inversión de más de ¢50.000 millones.
Adicionalmente, la entidad cuenta con la red de cuido, un programa que nació en la administración de Laura Chinchilla (2006-2010) para asistir a adultos mayores y a niños en pobreza.
Esta es administrada desde distintas trincheras; el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por medio de los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinái); las municipalidades, mediante los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi), y otras alternativas privadas.
Además, el IMAS auxilia a menores de edad en pobreza, para que no tengan que salir a trabajar, a mujeres en situación de violencia doméstica y cuenta con fondos para mejoramiento de vivienda y para asistir a familias cuando son afectadas por desastres naturales.
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Otras instituciones, como el PANI, también hacen lo suyo con programas de inversión social propios.
Uno de estos se llama Hogares Solidarios, por medio del cual familias ampliadas (tíos, primos, abuelos, hermanos, madrinas, entre otros parientes) asumen en forma transitoria la protección de los menores cuando son separados de sus padres.
A julio de este 2018, un total de 4.884 niños, niñas y adolescentes habían sido cobijados por este proyecto.
Por otra parte, esta institución también cuenta con la estrategia de Reinserción y Permanencia de la Adolescente Madre en el Sistema Educativo, la cual otorga subsidios de ¢100.000 mensuales a muchachas con hijos quienes se encuentren cursando sus estudios.
En la actualidad, 2.289 jóvenes aprovechan este beneficio.
Otro de los esfuerzos lo hace el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), que asiste a unos 200.000 escolares, para lo cual cuenta con unos ¢52.000 millones este 2018.
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