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Un grupo de diez diputados frenó la aprobación en segundo debate del proyecto de ley 21.423, Ley para el fortalecimiento de la acción social de la asociación Obras del Espíritu Santo.
Legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio y una independiente firmaron una consulta facultativa ante la Sala Constitucional, bajo el principal reclamo de que no hay fundamento técnico que justifique regalarle ¢162 millones del Estado a la asociación católica.
La consulta fue presentada este miércoles 15 de julio, tal como se lo informó el presidente del tribunal constitucional, magistrado Fernando Castillo, al presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank.
La gestión promovida principalmente por Paola Vega Rodríguez, del PAC, pide a los magistrados realizar el control previo de constitucionalidad del expedientes legislativo, que tomaría recursos pasivos de la Junta de Protección Social (JPS) y se los trasladaría a la asociación Obras del Espíritu Santo.
Esos recursos estaban destinados, origialmente, a un ente público no estatal llamado Casa Hogar Tía Tere, generados por una norma legal ya desaparecida. El martes 30 de junio pasado, el proyecto fue aprobado en primer debate en el plenario legislativo.
El proyecto fue aprobado con votos de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y el bloque independiente Nueva República, principalmente.
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“Se demostró una verdadera ausencia material de estudios técnicos pertinentes que motiven suficientemente la aprobación del proyecto”, dice la consulta.
Vega, en el documento, advierte de que la Contraloría General de la República reconoció, desde el 2010, que no tiene competencia legal para calificar la idoneidad de los sujetos privados que reciben recursos públicos.
Esa labor de verificación le correspondería, según los firmantes, a la Administración Pública.
Junto con Vega, firman los también oficialistas Nielsen Pérez, Carolina Hidalgo, Laura Guido, Catalina Montero y Enrique Sánchez; las liberacionistas Paola Valladares y Yorleny León, el frenteamplista José María Villalta y la independiente Zoila Volio.
Aparte del criterio de que no es potestad del Congreso decidir a quién le regala fondos públicos, la consulta teme una violación del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad.
“No puede una transitoria mayoría relativa de diputados comunes intentar manosear sin más límites que su mera opinión política, toda o una parte de los fondos públicos destinados a minoridad y familia del país”, dice el planteamiento.
Es decir, que no se puede desproteger, en favor de una minoría del sector privado, lo que hoy se protege desde la administración activa, como en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Según Vega, la gestión de ese proyecto se hizo de forma sumaria y superficial, que a su criterio “estaría prohibida por ser arbitraria desde la forma”.
En tercer lugar, la consulta establece que el proyecto viola el principio constitucional de la reserva de la administración activa autónoma, porque regalar “a un solo sujeto de derecho privado una suma multimillonaria de fondos públicos” es un “asunto cuya competencia esencial no recae en el legislador común”.
“No puede la Asamblea Legislativa intentar sustituir a la administración activa autónoma que actualmente tiene la competencia material, incluso constitucional (PANI) de ejecutar protección especial del Estado en beneficio de la población menor de edad”, dice el documento.
El proyecto para regalarle recursos a la asociación generó un quiebre en el PAC, pues en su trámite de primer debate fue avalado por tres de los siete oficialistas presentes en su votación: Víctor Morales Mora, Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza.
En tanto, Vega, Hidalgo, Guido y Sánchez votaron en contra de la iniciativa.
