Escuchar
Un total de 13 funcionarios judiciales postularon sus nombres para el cargo de magistrado de la Sala Tercera de la Cortes Suprema de Justicia, máximo tribunal de casación penal del país. Sin embargo, una quedó fuera de concurso por entregar sus documentos fuera del plazo.
Ellos participan en el proceso para elegir al sustituto de Álvaro Burgos, exmagistrado de 60 años que falleció el pasado 13 de abril y quien había sido elegido para ese cargo en diciembre del 2019.
Todos los aspirantes provienen del propio Poder Judicial, según lo detalla la lista de los aspirantes establecida por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, órgano que empezó el estudio de los atestados de los postulantes.
La lista tiene ocho hombres y cuatro mujeres. Entre los nombres, hay personas que ya habían aspirado anteriormente a una magistratura.
Las cuatro mujeres que se postulan al cargo son Patricia Vargas González, Cynthia Dumani Stradtmann, Rosa María Acón NG y Yendry Patricia Portuguez Pizarro.
Los aspirantes hombres son William Serrano Baby, Rafael Segura Bonilla, Edwin Salinas Durán, Juan Carlos Morales Jiménez, Norberto Garay Boza, Miguel Ernesto Fernández Calvo, José Miguel Zamora Acevedo y Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal.
Por su parte, Gemma Elizabeth Montero Mena quedó fuera de la competencia, puesto que entregó los documentos fuera del plazo que habían fijado los diputados para la recepción de documentos, que era el jueves 4 de agosto, a las 7 p. m. Ella los entregó el viernes 5 de agosto.
De esos 12 postulantes aprobados, la Comisión de Nombramientos enviará una lista con seis nombres recomendados para que el plenario decida, finalmente, a quién escogerá para ocupar una de las cinco sillas en la Sala Penal.
Entre la documentación exigida a los candidatos, están certificaciones de la Contraloría General de la República sobre sanciones, investigaciones o procedimientos disciplinarios, administrativos o penales, de que tenga registro esa entidad.
También, debían aportar certificación similar de la Defensoría de los Habitantes, y una del Ministerio de Hacienda para verificar que se encuentren al día con el pago de obligaciones tributarias a título personal o como parte de una sociedad, así como de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para determinar si se encuentra al día con las obligaciones obrero patronales.
Se exigieron también certificaciones de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), de la Dirección Nacional de Notariado, de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), el Colegio de Abogados y Abogadas y la Corte Suprema de Justicia.
Entre la documentación básica definida por la metodología del proceso, que se había aprobado el 6 de julio, se pidió una hoja de vida con toda la información personal y profesional, copia de la cédula de identidad, certificación de nacimiento, declaración jurada notarial, copia de los títulos universitarios y de cursos, seminarios u otros estudios atinentes al cargo de los últimos 10 años, certificación de la incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas, de años laborados en el Poder Judicial, o en otras instituciones públicas, así como de los laborados como docente y de antecedentes penales.
Igualmente se solicitó una certificación municipal de propiedades a su nombre, referencia bibliográfica de todas sus publicaciones y resumen de sentencias más relevantes de los últimos cinco años, en caso de tratarse de un juez.
La presidenta de Nombramientos, Alejandra Larios, enfatizó que ese órgano tardó bastante determinando la metodología para definir, con seguridad, las personas ideales y que el plenario pueda escoger al mejor aspirante.
“La comisión se ha propuesto trabajar con responsabilidad. Vamos a realizar de esa manera las entrevistas para revisar aspectos difíciles de ver en documentos, porque yo puedo ver títulos y no saber si una persona es apta para el puesto”, dijo.
