Escuchar
Doce países latinoamericanos apoyaron este lunes una declaración, propuesta por Costa Rica, para condenar la violencia contra estudiantes y civiles durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Así ocurrió durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea (Celac-UE), celebrada en Bruselas, Bélgica.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay se unieron al clamor que lanzó la canciller costarricense, Epsy Campbell, para exigir el cese de la violencia en suelo nicaragüense y el desmantelamiento de los grupos paramilitares.
El principal objetivo del manifiesto es expresar la preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero sobre todo condenar “los graves y reiterados hechos de violencia” que se han dado en Nicaragua desde que iniciaron las protestas, el 19 de abril.
También, clamaron contra la represión y la violencia que están sufriendo los estudiantes y la sociedad civil, al tiempo que condenaron la tardanza con que se está dando atención médica urgente a los heridos por los choques entre manifestantes y fuerzas gubernamentales.
“Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares”, destaca el segundo punto del manifiesto multilateral.
Los países latinoamericanos instaron, a raíz de la situación de Nicaragua, a que se reactive el diálogo nacional en ese país, pero en un clima de respeto a las libertades fundamentales y que involucre a todas las partes, “para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación y el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en ese país”.
La declaración de los 13 países (incluyendo a Costa Rica) también manifiesta todo el apoyo para que la Conferencia Episcopal de Nicaragua continúe trabajando en la búsqueda de soluciones al conflicto.
El conflicto entre estudiantes y ciudadanos nicaragüenses contra el gobierno de Daniel Ortega ha tenido una escalada de violencia que ha dejado más de 300 fallecidos, sobre todo por la acción de las fuerzas gubernamentales y de grupos paramilitares afines al sandinismo del mandatario.
La represión a las manifestaciones se ha mantenido constante, mientras los grupos estudiantiles y de civiles piden que se convoque a elecciones y que Ortega deje el poder.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho ya varias visitas a Nicaragua, para constatar el uso de la fuerza contra los civiles y las muertes causadas por la violencia del gobierno, e instó al régimen sandinista a cumplir con 15 recomendaciones y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Los países firmantes de la declaración agradecieron esa labor de la CIDH e hicieron un llamado para que el Gobierno nicaragüense se sume de forma pacífica a las negociaciones, con el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas.
A la vez, piden a Managua acatar las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que celebren elecciones “libres, justas y oportunas”.
Además del pronunciamiento impulsado en la capital belga, en una cita con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, el presidente de la República, Carlos Alvarado, le expuso este lunes la condena de Costa Rica al gobierno de Nicaragua por el uso de la fuerza letal contra estudiantes y civiles, en particular luego de los ataques oficialistas con uso de fuerza letal en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), el fin de semana.
