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En muy pocas manos recae la mayoría de los créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) que los diputados y el presidente de la República, Carlos Alvarado, aceptaron condonar mediante una ley.
El 1,5% de los créditos que serán perdonados mediante esta iniciativa concentran el 62% del monto total de las deudas que serán condonadas, las cuales ascienden a ¢6.242 millones.
Dicho de otra forma, a un pequeño grupo de 41 operaciones se le perdonarán ¢3.893 millones, mientras que a un enorme grupo de 2.664 préstamos se les dispensará del pago de ¢2.349 millones.
El plan, aprobado por los diputados en febrero, fue firmado por el presidente Alvarado el viernes pasado sin que el Sistema de Banca para el Desarrollo revele el monto exacto del dinero condonado a cada deudor.
No obstante, trascendió que hay deudores a quienes se les perdonará más de un crédito.
La ley fue promovida bajo el argumento de ayudar a los deudores afectados por la pandemia, aunque no exige a los beneficiarios demostrar afectación alguna por la crisis sanitaria.
Además, fue impulsada en el marco de un acuerdo entre el Gobierno y los arroceros.
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El proyecto establece el perdón para las deudas administradas en diez programas o fideicomiso a cargo del SBD, según lo expone un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
El 62% de la condonación se concentra en tres programas a los que el Estado giró recursos en forma de crédito durante las últimas décadas.
Se trata de Reconversión Productiva, Proagroin y el Programa de Atención de Zonas Afectadas por Sismos (Prazas).
Condonación a cooperativa
La mayor parte de los operaciones a dispensar están en el programa de Reconversión Productiva, el cual pasó a Banca para el Desarrollo en el 2008.
En este plan, se perdonarán 22 operaciones activas que suman ¢2.995 millones, entre las cuales se encuentran una deuda de ¢565 millones y otra de ¢1.368 millones.
La última de estas obligaciones pertenece a la Cooperativa de Producción Agropecuaria Industrial y de Servicios Múltiples del Sur (Surcoop), que por sí sola concentra el 22% del monto total de la condonación.
Surcoop, que se dedica a producir plátano en Palmar de Osa, entró en problemas financieros y en morosidad desde hace más de una década.
De hecho, la cooperativa ya había recibido dos condonaciones en el pasado: una de ¢2.300 millones en el 2010 y otra de ¢722 millones en el 2016.
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En el 2015, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) calificó de “populista” un proyecto de ley que lo obligaría a perdonar, por tercera vez, deudas a agricultores morosos con el Estado, incluidas las de Surcoop.
Esa iniciativa no prosperó, pero ahora fue retomada en el proyecto recién aprobado.
Ante la nueva iniciativa, el SBD alegó que pudo ejecutar las propiedades que la cooperativa puso como garantía y que la ley establece que la condonación no se aplicará cuando la garantía que respaldaba el crédito ya haya sido rematada y adjudicada, siempre que la garantía ejecutada cubriera todo el pendiente de pago.
No obstante, Liborio Sequeira, gerente de Surcoop, declaró a La Nación que esa resolución no está en firme, porque la cooperativa presentó una apelación ante los estrados judiciales, por lo que mantienen la esperanza de recibir la ayuda estatal.
Sequeira explicó que dos de las cuatro propiedades de Surcoop están en garantía.
Por otra parte, alegó que los problemas financieros del grupo son culpa del Gobierno pues, según dijo, cuando fueron financiados por el programa de Reconversión Productiva, instituciones como el Consejo Nacional de Producción (CNP) se encargaron de manejar los pagos y los contratos, por ejemplo.
Según el gerente, cuando el Estado dejó el proyecto, en el 2008, y la deuda fue trasladada al SBD, no había dinero ni producción. “Se ha creído que somos grandes, pero somos pequeños”, manifestó Sequeira, quien precisó que Surcoop tiene 120 asociados.
En el 2017, Miguel Aguiar, director de Banca para el Desarrollo, argumentó que Surcoop no había “pagado un cinco” y que, por lo tanto, se oponía a esa condonación. No obstante, su posición cambió con el proyecto recién aprobado.
Observación sobre razonabilidad
El informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea también llamó la atención sobre otra operación de ¢565 millones, del programa Reconversión Productiva, que será perdonada.
La identidad de este deudor no pudo ser conocida ante la negativa del SBD de revelar el nombre de los beneficiarios con el monto que les será condonado.
“Hay algunas operaciones que podrían sobrepasar el parámetro de razonabilidad (...). Si bien son muy pocas las que superan montos importantes, las mismas deberían ser valoradas por el legislador”, señala el informe.
El promedio de condonación por deuda, en el caso de Reconversión Productiva, es de ¢136 millones.
En el caso de Proagroin, el perdón será de ¢840 millones en beneficio de una fundación del mismo nombre que manejó un programa de créditos a productores de la zona norte, principalmente piñeros.
Dicho programa entró en problemas financieros desde el 2010. En relación con Proagroin, existen 16 operaciones activas, por las cuales solo se amortizaron ¢10 millones en los últimos años.
Por otra parte, el Programa de Atención de Zonas Afectadas por Sismos (Prazas) es un plan puesto en marcha por el SBD que otorgó tres créditos que suman ¢58 millones.
No fue posible conocer los nombres relacionados a esas deudas. Aunque La Nación obtuvo la lista de créditos, las operaciones no estaban identificadas.
Estas operaciones son cuentas morosas, y allí destacan créditos que nunca fueron amortizados; es decir, nunca se pagó ni una cuota al SBD.
Los ¢2.349 millones restantes de la condenación se reparten en programas como el Fideicomiso Agropecuario (Fidagro), creado en el 2001 mediante una ley con fondos públicos y de bancos privados, así como el Programa del Arroz. Ambas tienen 449 y 78 operaciones activas, respectivamente.
El proyecto también incluye casi ¢1.300 millones correspondientes a más de 2.000 créditos insolutos, es decir, dados por perdidos desde antes. La mayoría corresponde al programa Atirro, ingenio de Turrialba que entró en severos problemas financieros hace unos tres años.
Mayoría de créditos activos, no insolutos
Aunque los diputados y el Gobierno alegaron que este proyecto cubre cuentas que se daban por perdidas, los que más se benefician son créditos activos que están al día o en cobro administrativo o judicial.
De hecho, de los 2.705 créditos incluidos en la condonación el 74% corresponden a cuentas insolutas (que no han sido pagadas), pero representan menos del 21% del monto total a perdonar.
En cambio, el restante 26% de las operaciones, las cuales están activas, suman ¢4.982 millones. Este monto representa el 79% del total que será dispensado.
Semanas atrás, el diputado socialcristiano Erwen Masís, presidente de la comisión legislativa de Asuntos Agropecuarios, aseguró a La Nación que el 97% de las cuentas eran insolutas y que eran muy antiguas.
Sin embargo, los datos lo contradicen.
Los otros programas beneficiados incluyen arroceros, cañeros y agricultores.
Por ejemplo, este proyecto también condonará deudas por ¢570 millones a un grupo de arroceros con una cartera 100% morosa. Los préstamos a este grupo van desde los ¢67.000 hasta los ¢16 millones por operación.
El Gobierno y los productores de este grano impulsaron la aprobación de este proyecto de ley, mediante un acuerdo firmado en agosto del año pasado.
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También figuran créditos de Fidagro, un fideicomiso que ha sido beneficiado por otras condonaciones. En este caso, se perdonarán cuentas por ¢900 millones.
Además, se encuentran 190 operaciones crediticias de 128 productores de caña, quienes estaban en mora desde antes de la pandemia.
Estas deudas ascienden a los ¢800 millones, de acuerdo con datos de la rectoría del SBD.
Este viernes, luego de que Alvarado firmó la ley de condonación, Casa Presidencial indicó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) establecerá en un reglamento con los procedimientos a seguir junto al SBD.
El Gobierno asegura que pretende beneficiar a micro, pequeñas y medianas empresas agropecuarias.
“Sería el MAG el ente encargado de recibir y validar las solicitudes de los potenciales beneficiarios, así como de la categorización del tamaño de cada uno de los potenciales beneficiarios para que se cumpla con las condiciones de micro, pequeño y mediano productor agropecuario”.
“Además, el reglamento establecería filtros y requerimientos específicos para los solicitantes según el tamaño de cada empresa”, indicó Presidencia.
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