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Aunque no exista el dinero y aunque el país esté en crisis, la Constitución Política y las leyes ordenan al Gobierno entregar determinadas cantidades de recursos a numerosas instituciones públicas, mecanismo que se conoce como destinos específicos.
Para el próximo año, la situación llegó al grado de que 150 destinos específicos consumirán ¢9 de cada ¢10 que los ciudadanos paguen en impuestos, una situación que la Contraloría General de la República urge a los diputados resolver mediante una reforma estructural.
Así lo expuso la Contraloría al analizar el Presupuesto Nacional del 2021, el cual establece que más de ¢4,25 billones irán a destinos específicos, mientras que la recaudación de impuestos proyectada es de ¢4,56 billones.
El Gobierno debe cumplir con estos destinos por mandato de ley, pero a la vez tiene que pagar el resto de gastos del Estado, como la operación de los ministerios, los aportes a la CCSS y el pago de la deuda pública.
Como resultado, el déficit fiscal crece, el país tiene que endeudarse y la deuda de Costa Rica aumenta.
La Contraloría precisó que los destinos demandarán, en el 2021, casi un 12% del producto interno bruto (PIB).
De los ¢4,25 billones, un 76,7% corresponde a destinos específicos fijados por la Constitución, y el restante 23,3% fue creado mediante leyes.
Asimismo, dichas obligaciones crecieron un 5,5% con respecto al 2020, debido a la incorporación de los órganos desconcentrados del Gobierno Central al Presupuesto Nacional.
No obstante, la mayoría de estos destinos no tienen una fuente de recursos identificable, lo que obliga al Gobierno Central a buscar los recursos entre los ingresos corrientes o por medio de endeudamiento.
La CGR advirtió de que esta rigidez presupuestaria agrava aún más el déficit fiscal del país, el cual llegaría a un 9,3% del PIB al cierre del 2020, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda.
“En el contexto actual de crisis se vuelve imperioso revisar las asignaciones presupuestarias incluidas con motivo de la incorporación de los órganos desconcentrados, así como revisar las asignaciones existentes, incluidas las de rango constitucional, de manera tal que respondan a principios fundamentales de gasto público”, explicó el ente contralor.
“La rigidez que estas asignaciones imprimen sobre el Presupuesto constituye un problema estructural, que debe atenderse en el contexto de la discusión sobre reforma del Estado costarricense”, aseveró el reporte.
La CGR citó un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual reveló que, “en general, la capacidad del Gobierno para asignar el gasto presupuestario a las necesidades cambiantes sigue siendo limitada”.
Dentro de los destinos constitucionales, están el 8% del PIB para la educación, el 6% de los ingresos ordinarios para el Poder Judicial y el 0,19% del PIB para la deuda política.
Entre los fijados por ley, hay decenas de destinos, desde los que financian instituciones públicas hasta los que nutren fundaciones. Solo por citar algunos, deben girarse recursos al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, a la Oficina del Contralor Ambiental y a la Fundación Ayúdanos para Ayudar (administradora del Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura, sede del Museo de los Niños).
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La reforma fiscal, aprobada en el 2018, eliminó diez destinos y le permitió al Gobierno Central ahorrar ¢328.000 millones en el plan de gastos del 2020.
Además, la ley establece que si la deuda supera el 50% del PIB nominal, Hacienda podrá girar destinos específicos según la disponibilidad de ingresos corrientes, niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las instituciones beneficiarias.
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No obstante, este mecanismo aún no ha sido suficiente para revertir la presión sobre el presupuesto.
El gasto en educación, que comprende la partida más grande, será de ¢2,79 billones, una disminución del 2,1% comparada con el 2020. Este destino representará un 7,8% del PIB. Según los datos de la CGR, le faltan ¢72.802 millones al presupuesto para cumplir con el mandato constitucional del 8%.
Parte de ese gasto es lo que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) dirige a la Red de Cuido. Al respecto, la CGR remarcó la necesidad de crear una fórmula para calcular la proporción exacta a transferir para materia educativa de la primera infancia.
También, se incluyen ¢490.114 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), sumado a ¢34.101 millones para la Universidad Técnica Nacional (UTN). Estos rubros cayeron en 4,4%.
El segundo monto más importante es el financiamiento del Poder Judicial, que llegará a ¢462.705 millones. Al igual que la educación, esta partida bajó en 2,1%.
No obstante, en este caso, el presupuesto más bien excede en ¢153.182 millones la obligación constitucional con esta entidad.
De igual forma, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) le tocan ¢176.345 millones, con una caída de 5,4% respecto al presente año, propiciada por la desaceleración proyectada en la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos, que financia a la entidad.
Por esta vía, el Conavi recibirá ¢9.364 millones menos de lo indicado por la ley respectiva.
