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En 1985, los legisladores del gobierno de Luis Alberto Monge aprobaron una ley que establece un aumento del 30% anual en las pensiones de los excongresistas.
Hoy, 28 años después, esa legislación permite que 170 pensiones de exdiputados se engorden con ese incremento del 30% anual, pues no tienen ningún tope.
Así lo confirmó la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo.
Según esa instancia, la remuneración más alta de este régimen es de ¢6.426.635 (el doble de lo que gana un parlamentario hoy), mientras la más baja es de ¢464.810 al mes.
De acuerdo con los datos de la DNP, durante el 2013 el Estado gastó en pensiones para exdiputados ¢11.889 millones, mientras que a junio de este año, el gasto real acumulado llegó a los ¢5.832 millones.
La DNP también explicó que hay otras 59 pensiones de exlegisladores, pero con un tope de crecimiento que es igual al salario actual de un diputado: ¢3.776.000.
Además, no todos los 170 subsidios mensuales llegarían a manos de excongresistas, sino también de beneficiarios como viudas o hijos en edad de estudio.
El régimen que permitía a los legisladores jubilarse al terminar su periodo de cuatro años en el Congreso se derogó en 1995, de la mano de diputados como Sandra Piszk, Ottón Solís y Antonio Álvarez, todos del PLN en ese entonces y hoy nuevamente ocupando una curul.
En contraposición a este beneficio, el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una pensión máxima de ¢1.465.500 y el último aumento semestral aprobado por la Junta Directiva para 200.000 jubilados fue de 0,42%.
Beneficiarios. Entre los beneficiarios del régimen de exdiputados están Bernal Jiménez Monge (PLN, 1982-1986, 2002-2006), Rolando Laclé (PUSC, 1970-1974, 1982-1986, 1990-1994, 2002-2006), Álvaro Montero Mejía (Coalición Pueblo Unido, 1982-1986), Fabio Araya Vargas (PLN, 1982-1986) y Claudio Guevara Barahona (PUSC, 1982-1986).
Bernal Jiménez, hoy presidente del Partido Liberación Nacional, a sus 84 años, contó que se jubiló con una pensión cercana a los ¢600.000 y que en su segundo periodo en el Congreso, entre el 2002 y el 2006, solo cobró la pensión legislativa.
Sin embargo, dijo que hace tres años recibió ¢24 millones como reajuste de esa pensión. Alarmado por ese pago imprevisto, colocó el dinero en un fideicomiso y preguntó al extesorero nacional, José Adrián Vargas, el motivo del depósito.
En notas de la Dirección General de Pensiones a Jiménez, se le indicó que esa entidad hizo la revalorización de la pensión de oficio y que de ahí provenían los ¢24 millones que la Tesorería depositó.
La pensión de Jiménez actualmente es de ¢5.106.485. En el caso de Álvaro Montero Mejía, Rolando Laclé y Fabio Araya, ellos reciben el monto máximo de la pensión: ¢6.426.000.
Laclé (74 años y cuatro veces diputado) contó que él se jubiló en el régimen de diputados luego de 30 años de servicio público y que el antiguo régimen de pensión lo financiaron los propios legisladores.
“El tema del aumento es, a veces, decisión del Ministerio de Trabajo. Creo que todavía hay herederos de esas pensiones”, dijo.
En 1972, Francisco Morales Morales se pensionó, con 52 años, dentro de ese régimen.
Morales, hoy de 93 años, fue legislador del PLN en el gobierno de José Joaquín Trejos (1966-1970) y se jubiló dos años después de salir.
“Estuve dos años en el Ministerio de Gobernación y me pensioné como educador”, añadió Morales.
Otro beneficiario del subsidio es Claudio Guevara Barahona, de 88 años, padre del actual diputado libertario Otto Guevara Guth. Él fue parlamentario con la Unidad Social Cristiana entre 1982 y 1986, cuando se aprobó la ley que permitió el ajuste del 30% anual a los exparlamentarios.
Guevara contó que, sin saberlo, estaba jubilado desde que salió de la curul. Aseguró que 10 años después, Trabajo le informó de que llevaba una década jubilado y que debía llenar papeles para recibir el pago. “Nunca me fijé en los incrementos, porque nunca reclamé. Casi siempre permaneció igual”, dijo.
