Un grupo de 25 diputados admitió este miércoles, para estudio, una reforma constitucional que les permitiría a los partidos políticos cobrarle al TSE el dinero de la deuda política, según la cantidad de votos obtenidos en las elecciones, sin necesidad de demostrar gasto alguno.

La reforma eliminaría el primer párrafo del artículo 96 de la Constitución Política, el cual hoy dice: “Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”.

Este miércoles, el plenario le dio la tercera lectura al proyecto y procedió a votar la admisibilidad.

En una primera votación, la admisibilidad fue rechazada con 23 votos en contra y 22 a favor. Sin embargo, el diputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), planteó una revisión, la cual fue aceptada. Entonces, en la segunda votación, el trámite fue aprobado con 25 votos a favor y 22 en contra.

Votaron positivamente siete legisladores del PAC, siete de Restauración Nacional (PRN), seis del bloque fabricista Nueva República (PNR), dos de Integración Nacional (PIN), uno de la Unidad Social Cristiana (PUSC), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC) y uno del Frente Amplio.

En contra, se pronunciaron 15 de Liberación Nacional (PLN), cuatro del PUSC, uno del PRSC y los independientes Erick Rodríguez Steller y Zoila Rosa Volio.

El sistema constitucional actual, de comprobación de gastos, ha permitido detectar cobros irregulares de partidos, incluso con sentencias en firme por estafa, como en los casos del PAC y del Movimiento Libertario, que cobraron contratos falsos al TSE.

Ahora, el proyecto pasará una comisión ad hoc, nombrada por mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa, para que la dictamine en un plazo de 20 días hábiles.

El dictamen debe recibir dos debates, cada uno en un día distinto, y para su aprobación requiere de la votación de dos tercios del total de la Asamblea (38 votos). Después del primer debate, además, el proyecto debe ir a consulta de la Sala IV obligatoriamente.

Para que la reforma continúe adelante, se elaborará una redacción definitiva que requerirá de aprobación por parte de mayoría absoluta del Congreso.

Luego, el texto será enviado al presidente de la República, quien tendría que incluirlo en el mensaje presidencial que ofrece cada 2 de mayo en el plenario, con sus observaciones o recomendándolo.

Finalmente, la Asamblea, en las primeras sesiones de la siguiente legislatura, discutirá el proyecto en tres debates (cada uno en día distinto), no pudiendo en el primer debate de esta segunda legislatura conocer mociones de fondo. Para ser aprobado, el plan requiere de 38 votos.

Reducción del monto

Esta reforma constitucional también reduciría de un 0,19% del producto interno bruto (PIB) a un 0,11% el monto que se destina a financiar las campañas electorales.

Durante los últimos procesos, se ha destinado el 0,11% del PIB, mediante transitorios aprobados por los diputados.

En el 2018, ese 0,11% del PIB equivalió a ¢25.000 millones.

Argumentos

Gustavo Viales, diputado del PLN, afirmó que su partido votó en contra porque exime la comprobación de gastos: “A mí me parece eso muy grave, más en el contexto en que se encuentra el país, con un partido político en específico con una investigación, más bien debería ser más riguroso la revisión de gastos”.

En un sentido similar pronunció María Inés Solís, del PUSC: “En un principio pensamos que podíamos arreglarlo en comisión, pero me parece que el riesgo es demasiado. Los intereses de algunos partidos, inclusive se han visto en problemas de estafas..., es demasiado conveniente para ellos esta reforma”.

“Al final, la mayoría de la fracción decidió votar negativa la admisibilidad. No fue posible para nosotros y vamos a estar atentos en que ese punto en particular que, nos parece muy peligroso, cambie”.

Enrique Sánchez, del PAC, alegó que el fin primordial de la reforma es reducir el porcentaje del PIB que se destina a la deuda política, para no tener que recurrir a transitorios cada cuatro años.

“No es cierto y es absolutamente falso que esta reforma elimine los controles o la supervisión que tiene que haber sobre los recursos públicos que se entreguen por deuda político”.

“Los requisitos, controles y sanciones se establecen en el Código Electoral, no en la reforma constitucional. Y esta reforma, justamente, dice en los agregados que tiene, que la ley, es decir cuando reformemos el Código Electoral para darle contenido a esta reforma, que la ley precisará los procedimientos para la fiscalización, auditoría y control del origen y uso de todas las agrupaciones políticas, así como los procedimientos para asignación de recursos, los cuales respetarán los principios de transparencia y rendicion de cuentas”, dijo Sánchez.

Ivonne Acuña, de Nueva República, afirmó que “debe darse una discusión reposada y seria acerca de las reformas que se requieren en cuanto al financiamiento a los partidos políticos” y que esta discusión no será posible si el proyecto no avanza a una comisión especial.

Pedro Muñoz, del PUSC y quien votó en contra, sostuvo que “el sistema de financiamiento de partidos políticos es la piedra angular de la democracia costarricense”.

“Si no fuera por la deuda política, el Partido Unidad Social Cristiana no se hubiera levantado y yo no creo que sea inteligente, en el largo plazo, socavar el financiamiento de los partidos políticos”, expuso Muñoz.