Treinta cooperativas concentran casi el 75% de la cartera crediticia del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop). Entre ellas recibieron ¢100.000 millones de los ¢113.350 millones que tiene prestados el Instituto.
Dicha concentración es un espejo de la forma en que están distribuidos los préstamos, pues la mayoría de esos 30 principales deudores son de los sectores cooperativos de ahorro y crédito y agroindustrial.
De esas 30 empresas, la que tiene el crédito más elevado es Coopeagropal, que aglutina a productores de palma aceitera y se ubica en Laurel de Corredores, Puntarenas.
A enero, esa cooperativa tenía una operación de ¢7.509 millones, según datos que el Infocoop facilitó a La Nación.
En el otro extremo del país, en la zona norte, se encuentra la segunda cooperativa con un mayor crédito otorgado por el ente cooperativo. Es Coopelesca, que se dedica a dar servicios de televisión por cable, generación de electricidad, venta de seguros, de materiales eléctricos y de electrodomésticos, entre otras actividades.
A estas dos gigantes del cooperativismo les sigue la empresa de ahorro y crédito Coopeamistad con un total de préstamos por ¢5.700 millones con el Infocoop.
De los 30 mayores deudores del Instituto, 29 están al día con sus operaciones y solo una pasó a cobro judicial recientemente, informó la entidad a este diario.
Se trata del Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos (Gecse R. L.).
Su saldo en mora es de ¢1.139 millones. La cooperativa suspendió sus pagos desde hace un año.
El director ejecutivo del Infocoop, Rónald Fonseca, confirmó el viernes pasado a este medio que la entidad está por ejecutar las garantías que respaldan esos créditos.
Pese al año de morosidad, Fonseca afirmó que todo está bajo control pues las garantías son suficientes para cubrir los intereses que se siguieron acumulando.
Aunque el secretario ejecutivo de Conacoop, Freddy González, no ve nada anómalo en la alta concentración de la cartera de préstamos del Infocoop, la Contraloría señaló en su informe de diciembre que de los principales 20 deudores algunos presentaron problemas de morosidad en el pasado.
González objetó el documento porque el Instituto les ha ofrecido apoyo financiero mediante refinanciamientos o arreglos de pago sin que se haya calculado el riesgo. Esas decisiones, según el órgano contralor, han afectado el indicador de morosidad.