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Luego de una serie de tropiezos, de polémicas y de una tarde de discursos, a favor y en contra, los diputados tomaron la decisión de mantener a Catalina Crespo Sancho como jerarca de la Defensoría de los Habitantes.
La decisión se dio cuando los legisladores aprobaron el informe de mayoría de la comisión investigadora de las denuncias contra Crespo y, en consecuencia, desecharon el informe de minoría.
A favor de no destituir a la defensora votaron 36 diputados, mientras que 12 se pronunciaron en contra de que Crespo siga como la jerarca.
“Se declara improcedente el cese del cargo de Catalina Crespo Sancho como defensora”, anunció Eduardo Cruickshank, presidente de la Asamblea Legislativa, una vez tomada la decisión.
Los votos a favor de Crespo fueron 15 del Partido Liberación Nacional (PLN), seis del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), seis de Restauración Nacional (PRN), uno del Partido Integración Nacional (PIN), cinco del bloque independiente Nueva República y tres legisladores independientes.
Los votos negativos fueron ocho del Partido Acción Ciudadana (PAC), uno del PIN, uno del Frente Amplio, uno del PUSC y uno del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
A raíz de que la discusión sobre la continuidad de la defensora se centró, en los discursos de varios legisladores, en torno a la investigación a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y le achacaron al PAC un deseo de revanchismo, el diputado Víctor Morales Mora anunció que se saldría del plenario para no votar.
Morales Mora es uno de los investigados en torno a ese caso, puesto que era el ministro de la Presidencia cuando el Poder Ejecutivo publicó el decreto que creaba la UPAD.
Alabanzas y ataques
Congresistas como Patricia Villegas, del PIN; María Inés Solís, del PUSC; la fabricista Carmen Chan y el independiente Erick Rodríguez Steller combinaron en sus intervenciones alabanzas a Crespo y ataques al PAC.
Mientras tanto, las oficialista Nielsen Pérez y Paola Vega, así como la socialcristiana María Vita Monge y el frenteamplista José María Villalta, sí se centraron en criticar varios aspectos del desempeño de la defensora.
La presidenta del foro investigador, María Inés Solís, afirmó que la investigación fue seria, responsable, transparente y objetiva, "a pesar de que a algunos diputados y diputadas no les guste”, dijo.
Patricia Villegas, por ejemplo, aseguró que no hubo una acusación sólida en contra de Crespo y achacó muchos de los problemas institucionales a un “clima estresante y una gran falta de comunicación”.
“La rendición de cuentas es débil y choca con una ingobernanza, cuando la defensora adquiere un compromiso de revisar la estructura”, argumentó la jefa del PIN.
En un tono similar, la liberacionista Karine Niño dijo que la denuncia no tenía ni pies ni cabeza, ni técnica, ni jurídica ni legalmente. “Es lamentable que seamos una generación que no ha entendido que la política se debe hacer de forma diferente”, indicó.
Si bien la fabricista Chan reconoció, en su discurso, que la defensora se “ha equivocado algunas veces”, alegó que la UPAD está dejando huella en todo el orden institucional del país.
“Se ha equivocado ciertas veces, pero ha sido víctima de una estrategia del Gobierno del PAC y sus aliados, que tienen una falta de madurez y torpeza política”, comentó la vocera del bloque independiente Nueva República.
Erick Rodríguez, por su parte, equiparó las denuncias contra Crespo a lo que él cree que son ataques hacia él mismo.
“Me identifico con lo que usted está viviendo, sé lo que se siente vivir bajo un constante linchamiento político de las fuerzas oscuras de la izquierda de caviar, fundamentados en la mentira y el chantaje”, dijo.
Además, Rodríguez dijo que él se arrepiente de haber manifestado, luego de la rendición de cuentas de Crespo ante el plenario, en junio, que ella debía renunciar.
El nombre de Piza y su gestión
Aparte de criticar lo que considera desidia y desfachatez en la investigación, Paola Vega cuestionó la imagen que Crespo le ha dado a la Defensoría.
“Este tema se ha politizado desde el momento en que ella es militante del PUSC y quitó el nombre de Rodolfo Piza del informe sobre la investigación de la UPAD. Eso es un delito”, dijo Vega.
En el plenario, la oficialista también dijo que el tema se politizó porque el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, les pidió a los diputados del PLN que no destituyeran a Crespo. Los liberacionistas Carlos Ricardo Benavides, Luis Fernando Chacón, Roberto Thompson, Yorleny León, Silvia Hernández, Paola Valladares, Wagner Jiménez, Gustavo Viales, David Gourzong y Luis Antonio Aiza lo negaron categóricamente.
Aparte de explicar los 11 hechos que ella consignó en el informe que firmó junto con el republicano Otto Roberto Vargas, la oficialista Nielsen Pérez dijo que lo más grave que ha generado Catalina Crespo es el “debilitamiento de la magistratura de influencia” de la Defensoría.
“Sí encontramos hechos irregulares que ameritan sanciones disciplinarias por la negligencia notoria. La defensora nos ha quedado debiendo, no solo a nosotros, sino a toda la ciudadanía”, dijo Vargas Víquez.
Mientras tanto, Villalta aseguró que ni la supresión del Consejo de Directores y Directoras como se conocía, ni los otros cuestionamientos eran tan graves como el de haber eliminado el nombre del exministro Piza del informe de la UPAD.
“Eso califica como una violación grave al ordenamiento jurídico. Los funcionarios tienen la obligación de denunciar, según el Código Procesal Penal. ¿Por qué borró ese nombre?”, cuestionó el frenteamplista.
