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Los diputados aprobaron este martes, en segundo debate, un proyecto de ley para extender por un año la vida útil de los autobuses de modelo 2007 y 2008 de los micro, pequeños y medianos empresarios de transporte público afectados económicamente por la pandemia de covid-19.
En la votación, 38 legisladores se pronunciaron a favor de la iniciativa, mientras que seis congresistas lo hicieron en contra: cinco del Frente Amplio y Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
El plan es un transitorio que se incluye en la Ley de Tránsito, donde
se establece una prórroga de un año, por una única vez, para los autobuses de ruta regular que este año cumplen 17 y 16 años.
Ese año aplicará a partir del momento en que entre en vigencia la ley, es decir, ya firmada por la Presidencia de la República y publicada en el diario oficial, La Gaceta.
Actualmente, la normativa establece que el máximo de vida útil para los autobuses es de 15 años. La iniciativa solo aplicará para empresas de transporte público en modalidad autobús que estén clasificadas como micro, pequeñas y medianas, según la categorización que establece la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Igualmente, aplicaría para cooperativas de transporte público que entren en dichas categorías. Originalmente, la iniciativa tenía la intención de aplicar el beneficio a todas las empresas, sin importar el tamaño.
El expediente legislativo 23.782 establece que la entidad encargada de realizar la inspección técnica vehicular, actualmente Dekra, debe verificar de previo que las unidades de autobús cumplan con los requisitos técnicos de transporte público para esta habilitación.
“Las unidades de transporte que sobrepasen los quince años de antigüedad, y se acojan al plazo adicional establecido en el presente transitorio, deberán realizar la inspección técnica vehicular cada cuatro meses y cumplir con las condiciones de accesibilidad establecidas en la ley 7600″, dice el proyecto aprobado.
Andrea Álvarez, del PLN, explicó que se opuso al proyecto original porque “las personas con discapacidad merecen un servicio de transporte público de calidad, pero también por las personas usuarias en general”.
Alegó que, si bien la nueva versión del expediente hizo varios cambios y se enfoca en pequeñas empresas, además de que la Sala Constitucional lo avaló, ella está del lado de las organizaciones de personas con discapacidad, que están contra la iniciativa.
“Además, un voto salvado de la magistrada Anamari Garro mencionó que no había suficientes argumentos técnicos que demuestren que la pandemia todavía estaba teniendo efectos en el sector autobusero”, dijo Álvarez.
La jefa del Frente Amplio, la diputada Sofía Guillén, se pronunció de manera similar, y recordó que, en la Comisión de Asuntos Económicos, ella y su bancada intentaron incidir lo más posible en el proyecto de ley.
Agregó que, si bien respeta absolutamente el criterio de los magistrados constitucionales, aprobar la iniciativa sería no respetar los derechos de una parte de la población, específicamente las personas con discapacidad.
En la posición contraria, como apoyo a la iniciativa, diputados como Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP); Carlos Andrés Robles, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Kattia Rivera y Gilberth Jiménez, del PLN, manifestaron que la iniciativa busca apoyar a empresarios de la ruralidad.
Enfatizaron que muchos de esos autobuseros siguen sufriendo efectos de la pandemia y que, además, la población de esas regiones requiere que los servicios de transporte público, a veces de una o dos veces por día, puedan seguir funcionando.
