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Cuatro países europeos exhortaron a Costa Rica a despenalizar la interrupción del embarazo, pero el gobierno del presidente Carlos Alvarado rechazó sus recomendaciones.
Así se pronunció la delegación costarricense el viernes anterior en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, en donde el país anunció sus compromisos internacionales sobre derechos humanos para los próximos años.
En la visita, una delegación de la Cancillería dio respuesta a las recomendaciones que le hicieron naciones de todo el mundo a Costa Rica, luego de que el país rindiera, en mayo, su Examen Periódico Universal (EPU) de derechos Humanos.
El informe lo expuso Adriana Bolaños, directora de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
La funcionaria informó de que el país recibió, en total, 212 recomendaciones sobre distintos temas relacionados con derechos humanos.
“El gobierno de Costa Rica se complace en comunicar al grupo de trabajo del EPU que el país ha tomado la decisión de aceptar 194, aceptar parcialmente 3, tomar nota de 12 y rechazar 3 de estas recomendaciones”, anunció Bolaños ante el Consejo.
Las únicas tres recomendaciones que el país rechazó de plano fueron las que le hicieron Bélgica, Islandia y Holanda para que el país despenalizara el aborto. Otra emitida por Francia, en términos similares, fue aceptada parcialmente.
Bélgica le recomendó al país “despenalizar el aborto en casos de malformaciones del feto que hagan inviable su vida extrauterina y de embarazos resultantes de violación o incesto”.
La sugerencia de Islandia fue “despenalizar el aborto y adoptar medidas para garantizar que todas las mujeres tengan acceso a servicios de aborto legal y de atención posterior al aborto de alta calidad”.
Mientras, la recomendación de Holanda se enfocó en atender los embarazos en la infancia y la adolescencia mediante la legalización del aborto “al menos en los casos en que el feto sea inviable, sea el resultado de violación o incesto, o el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer”.
Dicho país también sugirió “invertir en la prevención mediante la concesión de libre acceso a los anticonceptivos de emergencia, y la organización de campañas de sensibilización y educación sexual integral".
Según consta en el documento entregado por Costa Rica y publicado en el sitio web del Consejo de Derechos Humanos, el gobierno le dio la misma respuesta a los tres.
“Rechazada. La normativa nacional menciona lo siguiente en el artículo 121 del Código Penal: No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.
Costa Rica tampoco accedió a la sugerencia que le planteó Francia sobre “garantizar el respeto de los derechos a la salud sexual y reproductiva, en particular en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo”.
“Aceptada parcialmente. El Estado está comprometido a garantizar el respeto de los derechos de la salud sexual y reproductiva”, le respondió el gobierno.
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Las que sí se acogieron fueron las que le emitieron Suiza, Canadá y Reino Unido para que el país adopte “cuanto antes” un reglamento técnico que aclare cómo y cuándo se deben practicar los abortos terapéuticos, de acuerdo con la ley vigente.
La aceptación de dichas sugerencias va en línea con el compromiso que mantiene el presidente Carlos Alvarado de firmar, antes de que termine el año, la norma técnica que regulará dicho procedimiento.
Costa Rica accedió a impulsar mejorías, o al menos a tomar nota, en todos los demás materias que le plantearon países de América, Europa, África, Asia y Oceanía.
Las sugerencias tocaron temas específicos sobre derechos humanos de migrantes, trabajadores, indígenas y afrodescendientes, población LGBTI, privados de libertad, mujeres, niños y personas con discapacidad, por ejemplo.
Según Bolaños, el Ejecutivo se pronunció sobre cada una de las 212 recomendaciones luego de someterlas a consideración de las instancias que conforman la Comisión Interinstitucional para el seguimiento e implementación de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos, creada como un órgano asesor del gobierno en 2011.
