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Los diputados aprobaron, este miércoles, que la Comisión Investigadora de la UPAD interrogue al presidente de la República, Carlos Alvarado, en el salón del plenario de la Asamblea Legislativa.
La polémica propuesta se había pospuesto por varias semanas, en medio de reclamos de la bancada oficialista y la exigencia de la oposición para que Alvarado rinda cuenta en el salón del pleno.
La moción tuvo el apoyo de 40 legisladores de Liberación Nacional, Restauración Nacional, la Unidad Social Cristiana, el bloque independiente Nueva República, las fracciones minoritarias y los congresistas independientes. También votó a favor Welmer Ramos, del PAC.
En contra solamente votaron ocho legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La moción se aprobó luego de un desacuerdo entre jefes de fracción, pues el PAC, Liberación, Restauración y los fabricistas habían propuesto dejar la discusión de esa moción para este jueves.
No obstante, la subjefa de la Unidad, Shirley Díaz, se manifestó en desacuerdo, al igual que la jefa de Integración Nacional, Patricia Villegas, quien reclamó que no la invitaron a la reunión de jefes en que se había acordado posponer el debate.
Por esos reclamos, el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, manifestó que a él le resulta indiferente el día que se discuta la moción y, de seguido, la puso a votación de una vez.
Luego de perder la votación y, antes de que quedara en firme la decisión, el jefe oficialista, Enrique Sánchez, enfatizó que el mandatario ha estado, desde el puro principio, dispuesto a la rendición de cuentas sobre el caso.
También dijo que lo aprobado por los diputados es un acto de una “interpelación velada” y que es un “acto de engañar la ley para simular un acto de interpelación en el plenario”.
“Este acto es a todas luces inconstitucional, porque termina realizando una interpelación de hecho, cuando cancela todos los órganos legislativos para que aquí estén los 57 diputados”, enfatizó Sánchez.
El oficialista se refiere al mecanismo que establece la Constitución Política para interpelar a los ministros de gobierno, en el plenario, cuando este órgano acuerde exigirles cuentas por algún tema.
No obstante, la norma constitucional no contempla que se hagan interpelaciones a un presidente de la República, aunque sí se ha realizado en el marco de comisiones investigadoras.
En el periodo de gobierno de José María Figueres, a finales de 1996, el entonces presidente tuvo que rendir cuentas ante un foro investigador y lo hizo en su casa de habitación, en Curridabat.
La comisión investigadora del caso del cemento chino hizo audiencia con Luis Guillermo Solís, en agosto del 2017, y la celebró en la Casa Presidencial.
Sánchez insistió en que se trata de una “interpelación de hecho” porque, en el chat de los diputados, varios de los legisladores han dicho “tenemos derecho a interpelar al presidente”, pese a que esa figura no está contemplada.
Específicamente, la moción aprobada autoriza la suspensión de todos los órganos legislativos el 10 de febrero, desde plenario hasta comisiones, para que solo se celebre la sesión de la comisión investigadora de la UPAD.
Esa audiencia de Alvarado se realizará a partir de las 9:30 a. m. durante todo el día; se permitiría que los 57 legisladores estén presentes en el plenario.
“Es un error de respeto a la investidura de la Presidencia de la República, no importa quién la ocupe. Es un engaño a la ley para simular como correcto algo que no lo es”, dijo el vocero del PAC.
Minutos antes, la subjefa de la Unidad, Shirley Díaz, dijo que el lugar correcto para que la cita del presidente se dé es el plenario, “primero por el espacio, segundo porque ya se dieron audiencias en el espacio legislativo”.
La socialcristiana se refiere a las sesiones de la Comisión de Hacendarios y de Infraestructura que se celebraron, meses atrás, en el salón del plenario del antiguo edificio de la Asamblea.
“Es imperante guardar esa posibilidad y ese derecho constitucional que tenemos los diputados de venir a esta audiencia, a hacer las preguntas que consideremos oportunas, y que todos tengamos garantizado un espacio seguro disponible”, adujo.
Díaz manifestó que celebrar esa audiencia en plenario permite evitar gastos adicionales.
“El señor presidente debería estar muy preocupado por venir a aclarar todas las dudas y no debería haber tanta congoja en torno a si se está interpelando o no al señor presidente. No es una interpelación, está claro que es una comisión dedicada a este tema”, apuntó la socialcristiana.
Dinarte: ‘Comparecencia en plenario sería interpelación velada’
A raíz de la decisión tomada por los legisladores, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y el ministro de Comunicación, Agustín Castro, dijeron que es necesario analizar las implicaciones constitucionales de lo que consideran una “interpelación velada”.
Dinarte enfatizó que una actividad de ese tipo, aunque sea en el marco de la comisión investigadora, no está contemplada dentro de la norma constitucional e hizo referencia al criterio del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso que así lo establece.
“El presidente ha reiterado su interés de poder rendir cuentas en el espacio de la comisión legislativa que estudia el caso de UPAD. El presidente está llamado a dar esa rendición de cuentas, no solo atendiendo a los mandatos constitucionales, sino a las normas que nos rigen”, apuntó Dinarte.
La ministra alegó que Carlos Alvarado tiene que atender su compromiso de rendir cuentas, pero entendiendo las implicaciones de la Constitución y las leyes.
Dinarte agregó que se les ha insistido mucho a los diputados para que se haga la comparecencia “respetando las leyes” y se le ofreció a Silvia Hernández, presidenta del foro, la desconvocatoria de toda la agenda legislativa para que los diputados tengan la extensión necesaria para preguntar todo lo que quieran.
“Insistimos en nuestra anuencia de acercarnos para buscar la mejor ruta para que el presidente pueda rendir cuentas y cumplir las normas que tiene la obligación de atender”, apuntó, sin decir que Alvarado se opone o avala presentarse en el plenario.
Por su lado, Agustín Castro dijo que la decisión de los congresistas “tiene serias implicaciones constitucionales que deben ser analizadas”, pues insistió en que la Constitución no permite la interpelación al presidente de la República. Agregó que si los diputados y el presidente violan la Constitución, eso “tiene implicaciones legales”.
Votos a favor
PLN: Luis Antonio Aiza, Carlos Ricardo Benavides, Luis Fernando Chacón, María José Corrales, Ana Lucía Delgado, Jorge Fonseca, Silvia Hernández, Wagner Jiménez, Yorleny León, Aida Montiel, Franggi Nicolás, Karine Niño, Roberto Thompson y Paola Valladares.
PAC: Welmer Ramos.
PRN: Mileyde Alvarado, Carlos Avendaño, Eduardo Cruickshank, Melvin Núñez, Xiomara Rodríguez, Floria Segreda.
PUSC: Pablo Abarca, Óscar Cascante, Shirley Díaz, Erwen Masís, María Vita Monge, Aracelly Salas y María Inés Solís.
PIN: Wálter Muñoz y Patricia Villegas.
PRSC: Otto Roberto Vargas.
Independientes: Ivonne Acuña, Ignacio Alpízar, Marolin Azofeifa, Carmen Chan, Nidia Céspedes, Harllan Hoepelman, Jonathan Prendas, Erick Rodríguez Steller, Zoila Volio.
Votos en contra
PAC: Luis Ramón Carranza, Mario Castillo, Laura Guido, Carolina Hidalgo, Catalina Montero, Vícto Morales Mora, Enrique Sánchez y Paola Vega.
