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Los diputados aprobaron, este lunes, crear una comisión investigadora sobre los presuntos sobornos que habrían pagado personeros de empresas constructoras a funcionarios públicos.
Dicho foro fue avalado, en forma unámime, por los 42 legisladores que estaban presentes en el plenario al momento de votarse la moción para crearlo.
La comisión se dedicará a analizar el conocido Caso Cochinilla sobre supuestos actos de corrupción en contratos públicos de obras viales.
Según una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, constructores habrían pagado dádivas a funcionarios a cambio de beneficios ilegítimos a su favor.
La propuesta para abrir la comisión fue presentada, una semana atrás, por Franggi Nicolás, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), y el independiente Jonathan Prendas.
Así lo plantearon luego de que, el pasado lunes 14 de junio, el OIJ realizara 57 allanamientos y detuviera a 30 personas relacionadas con este caso.
Las diligencias se realizaron en diversas oficinas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), oficinas de varias constructoras y en un despacho de Casa Presidencial.
De los 17 empleados públicos detenidos, 13 laboran para el Conavi.
Diputados ausentes
Aunque estaban registrados en sus curules, seis legisladores se ausentaron este lunes del plenario legislativo en el momento de la votación de la propuesta para investigar los casos de corrupción.
Se trata de los liberacionistas María José Corrales (jefa de fracción) y Wagner Jiménez; así como el jefe de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank; y el precandidato presidencial Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
De igual forma, se quedaron fuera del plenario los independientes Erick Rodríguez Steller y Harllan Hoepelman; este último del bloque Nueva República.
La propuesta de Nicolás y Prendas es que un foro compuesto por siete miembros haga las investigaciones políticas respectivas en torno al caso que, según el OIJ y el Ministerio Público, implica desvío de recursos públicos por el orden de los ¢78.000 millones.
Tal como dio a conocer La Nación, este lunes, el OIJ detectó al menos 100 dádivas otorgadas a 36 funcionarios del Consejo y el MOPT por 33 personeros de distintas empresas constructoras.
A cambio de dichos giros, los empresarios habrían logrado el trámite expedito de facturas, acceso a información confidencial del Conavi y otros beneficios relacionados con la asignación de contratos públicos.
Entre los funcionarios que más sobornos recibieron está el exgerente financiero del Consejo, Carlos Solís Murillo, a quien incluso se le vincula con pagos de “servicios sexuales”.
Según el expediente judicial, los funcionarios investigados también recibieron dádivas en especie, como botellas de licor, desayunos y almuerzos en restaurantes, consumo en bares, paseos y el financiamiento para una fiesta privada de los empleados del Conavi.
Informe para diciembre
Luego de aprobada la moción, la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, solicitó a los jefes de las fracciones entregar, lo antes posible, los nombres de los diputados propuestos para integrar la comisión.
El foro será integrado por dos representantes del PLN, uno del PAC, uno de Restauración Nacional, uno del PUSC, uno de las fracciones minoritarias y un legislador independiente.
El plazo para que ese órgano legislativo especial rinda su informe al plenario del Congreso está fijado para el mes de diciembre de este año.
“Es necesario investigarlo, hay que llegar a la raíz de este problema, porque no podemos sentar la posibilidad de delitos como colusión, manejo de recursos públicos incorrecto. Necesitamos llegar a la raíz de esto en pocos meses”, aseveró Jonathan Prendas.
Prendas alegó que no es de recibo que el presidente de la República, Carlos Alvarado, se lave las manos, empiece a desviar la atención y diga: “La culpa no es mía, es de ellos”, atribuyéndoles a los diputados la responsabilidad de vigilancia sobre el presupuesto del Conavi.
Por su parte, Franggi Nicolás dijo que es imposible minimizar el caso “si queda una pizca de patriotismo y de responsabilidad” y alegó que la Asamblea Legislativa no se puede amordazar en el tema.
También dijo que se debe llamar a cuentas a la Contraloría General de la República.
“¿Dónde estuvo la Contraloría y las auditorías institucionales cuando esto ocurrió, cuando ¢78.000 millones generaron un hueco entre movidas que hicieron, para sobornar y hacer acomodos para beneficiar empresas privadas? ¿Cómo es posible que haya empleados que se vendan por kilos de carne para una fiesta?”, dijo.
Nicolás también criticó que haya legisladores que se enojen porque se abra ese tipo de investigaciones en el Congreso.
