Este lunes, 43 diputados del Congreso aprobaron en primer debate un proyecto de ley que elevará las multas para las empresas que cometan delitos de soborno doméstico y transnacional, así como las penas de cárcel para los funcionarios que reciban dádivas por sus funciones.

Se trata del expediente N.° 21. 248, denominado Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno trasnacional y otros delitos.

La reforma establecerá sanciones de tipo penal para las empresas, extranjeras y nacionales, que incurran en sobornos, lo cual es una novedad en la legislación costarricense.

Las multas por el delito oscilarán entre los ¢446 millones y los ¢4.462 millones, mientras que hoy van de los ¢8,9 millones a los ¢446 millones.

Aparte de tener que afrontar fuertes sanciones económicas, las empresas reponsables por este tipo de infracciones podrían afrontar otro tipo de castigos, como la inhabilitación de recibir subvenciones y ayudas públicas, o de contratar con el Estado durante un periodo de diez años.

También, se les impediría recibir beneficios fiscales o se les cancelaría contratos que tengan con el Estado. Eventualmente, hasta se ordenaría la disolución de la persona jurídica responsable de esa conducta irregular.

En cuanto a las sanciones a personas, se impondrán entre 4 y 12 años de cárcel al representante de una empresa que soborne transnacionalmente a un funcionario y al empleado público que reciba la dádiva.

Adicionalmente, se impondrían estos castigos:

-De 1 a 8 años a quien legalice, encubra o legitime bienes o activos productos de un soborno

-De 1 a 5 años a quien incurra en sobornos domésticos, es decir, cometidos por empresas o personas nacionales

-De 4 a 10 años para un funcionario público que reciba regalos de empresas nacionales para para hacer algo contrario a sus funciones o que deje de hacer algo que sí debe hacer

-Hasta 13,3 años para el funcionario que reciba sobornos para dar puestos a alguien, o bien pensiones, así como hacer favores en relación con tarifas públicas, cobro de impuestos, pago de seguro social o beneficios en contratos públicos

-De 1 a 6 años para quien falsifique registros contables, lleve doble contabilidad o cuentas fuera de libros contables

Ingreso a OCDE

Los impulsores de la reforma, entre ellos el gobierno, argumentaron que el proyecto urge porque es un requisito para ingresar a la Organizción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Si la propuesta supera el segundo debate, programado para el próximo jueves, la OCDE evaluaría su implementación en marzo, al cabo de nueve meses de aplicación.

La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, fue testigo de la votación del proyecto desde el salón de Expresidentes en el Congreso, donde esperó el resultado junto a su equipo de asesores.

Horas antes, se reunió con varios diputados que tuvieron dudas sobre el proyecto, pero fueron superadas.

Al final, solo votaron en contra los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, Shirley Díaz y Rodolfo Peña.

El viernes anterior, la ministra Jiménez se reunió con Muñoz para aplacar sus inquietudes, objetivo que no logró, según el diputado.

Una de esas inquietudes es que, con esta ley, las empresas podrían ser juzgadas aun en ausencia de sus representantes, o que se les podría decomisar sus bienes muebles o inmuebles en medio de un proceso, lo que él considera excesivo.

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Jiménez insistió en que la propuesta no dejaría indefensas a las empresas que no se presenten a los juicios porque la Defensa Pública del Poder Judicial sería, en última instancia, los curadores y defensores de los acusados.

Pero la Defensa Pública expresó a los diputados los riesgos de asignarle esa obligación.

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“Desde ya debe indicarse que esto implica un adicional vicio que deviene en inconstitucional, pues resulta contrario con el derecho fundamental de defensa, que prohíbe los juzgamientos en ausencia”, dijo Diana Montero, jefa interina de esa entidad en un oficio a los diputados.

Según Montero, no habría razón alguna para que el Estado destine recursos para la defensa de personas jurídicas que bien podrían tener capitales muy grandes, cuando originalmente se prevé la Defensa Pública para ayudar a poblaciones vulnerables.

El diputado Muñoz insistió en la inconstitucionalidad del proyecto. Sería una “legislación chueca”, aseguró. Retó al presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides a analizar el proyecto porque podría no superar el filtro constitucional.

Además, indicó que esta legislación sobrepasa las exigencias de la OCDE.

Sin embargo, la ministra Jiménez insiste en que el proyecto es parte de las obligaciones del Estado para el ingreso a la OCDE y que está acorde a un convenio que firmó el país con esa organización.

De los 37 países que firmaron dicho convenio, 27 establecieron castigos penales, según dijo la jerarca.

Ante el apoyo de la mayoría de congresistas al proyecto, el diputado Muñoz declaró que no establecería ningún frente para impedir o variar el transcurso de la propuesta en el Plenario.