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Los diputados aprobaron, este lunes, la apertura de una investigación en el Congreso sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que, según el decreto ejecutivo publicado y derogado la semana anterior, habría tenido acceso a información confidencial de los costarricenses.
Se trata de una propuesta del Partido Liberación Nacional (PLN) que recibió el apoyo unánime de los 49 legisladores que estaban presentes en el plenario de la Asamblea Legislativa, en el momento de la votación.
La comisión investigadora “sobre las posibles violaciones por parte del Gobierno de la República al derecho de la intimidad de las personas, respecto a la obtención y manejo de sus datos personales” estará conformada por siete miembros y tendrá un plazo de dos meses para rendir su informe.
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Por decisión de los legisladores, ese foro tendrá prevalencia por encima de las sesiones de cualquier otra comisión legislativa permanente o especial.
La moción se aprobó después de fuertes enfrentamientos verbales entre los diputados, pero sobre todo después de que varios liberacionistas y socialcristianos lanzaron duras críticas al Gobierno.
En horas de la mañana, la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, acudió a la Casa Presidencial para iniciar una investigación técnica y legal sobre el funcionamiento de la UPAD.
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Por otra parte, los congresistas aprobaron por unanimidad (50 votos) una moción para interpelar al ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, para que explique todo lo relativo a la citada unidad de analistas de datos y el decreto ejecutivo, publicado y derogado, la semana pasada sobre ese grupo.
Moción de repudio, en suspenso
Aunque el independiente Erick Rodríguez Steller presentó un moción para repudiar los actos del presidente Alvarado sobre la UPAD y esa propuesta recibió el apoyo de más de 10 diputados liberacionistas, su votación quedó en suspenso.
El jerarca del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, anunció que revisaría la propuesta antes de admitirla para discusión y estudio, pues en el ordenamiento jurídico no existe la figura del repudio para el presidente de la República.
“Creo que la moción está planteada de forma que podría ser una moción de censura, sin mencionarlo expresamente. La Constitución Política no permite ese tipo de actuaciones y yo soy el encargado de resguardar el respeto a la Constitución en esta Asamblea, especialmente en la dirección del plenario”, señaló Benavides.
Agregó que así se lo explicó a Rodríguez y a los jefes de las fracciones parlamentarias, a quienes les pidió tiempo para hacer un análisis. Dijo que si se le da trámite, es porque procede, y si no, simplemente se rechazaría discutir la moción.
“Si desde el punto de vista jurídico no procede, la tendría por inadmitida. Eso no lo quise hacer hoy, porque quiero revisarlo con los abogados de la Asamblea”, apuntó.
Al respecto, la jefa liberacionista, Silvia Hernández, explicó que Benavides pidió espacio para revisar los alcances reglamentarios y verificar la posibilidad de hacer un pronunciamiento de ese tipo.
“Tuvimos una reunión de jefes ahora, cada uno externó las dudas o argumentos a favor. Yo insisto en que es un mecanismo de control político que hemos usado para casos de política exterior", señaló Hernández.
La vocera verdiblanca enfatizó que Benavides tiene la prerrogativa de darse un tiempo para analizar la propuesta, pero indicó que Liberación y el proponente, Rodríguez Steller, insistirán en ella.
Además, adelantó que si la moción se admite, Liberación la va a votar.
“Estamos ante la posibilidad de uno de los más importantes actos de violación a los derechos individuales y de la Constitución (...). Lo que sucede hoy representa un temor de la población de que haya pasado y que se pueda repetir”, dijo Hernández.
En cuanto a las mociones de censura pendientes, la Presidencia del Congreso las recibió e hizo las gestiones para tramitarlas, pero por Reglamento se establece que no se podrán conocer antes de cinco días ni después de 10 días.
Las censuras propuestas por Rodríguez son contra el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y contra el jerarca interino del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), Danilo Soto.
Acalorado debate
La creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos y la publicación del polémico decreto ejecutivo que pretendía oficializar dicha oficina generó este lunes un acalorado debate en el plenario legislativo.
“Son lobos con piel de oveja, se rasgan las vestiduras tratando de engañar a este noble pueblo y erosionan la confianza y eso ha producido el desempleo más alto en la historia”, dijo Pedro Muñoz, diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC)
Con Muñoz, coincidió el liberacionista Roberto Thompson, quien sostuvo que la forma como se redactó el decreto y la operación, durante un año y medio, de la UPAD, dejan muchas dudas sobre la manera de recabar los datos, cuáles eran, cómo se trasegaban, y en qué equipos se guardaban, por ejemplo.
“¿Cómo sabemos que esos datos no terminaron en manos equivocadas o en un país extraño?”, cuestionó el socialcristiano.
Entre tanto, Yorleny León, legisladora del PLN, alegó que los analistas de datos del presidente de la República, Carlos Alvarado, han operado a la sombra, de manera clandestina, por un año y medio. Eso “enterró cualquier posibilidad de hacer un debate nacional sobre el manejo de datos para la toma de decisiones”, aseveró.
La verdiblanca Karine Niño calificó el decreto como vulgar y dijo que las acciones del mandatario atentan contra la privacidad de los costarricenses.
Incluso, Niño lanzó la pregunta sobre si dicha oficina podría tener la potestad de generar un plan para ganar una elección, sin especificar de qué tipo.
“Que no se confunda el heroísmo con la responsabilidad que tenía el presidente de derogar el decreto. No es ningún héroe, él sabía las implicaciones de ese decreto", alegó.
Mientras, el oficialista Enrique Sánchez trató de bajar el tono de las críticas y dijo que no se trataba de que esa unidad de analistas trabajara en todo lo que la gente se imagina cuando piensa en “acceso a información confidencial”.
El diputado reconoció que el decreto, publicado el 17 de febrero en La Gaceta y luego derogado el 21 de febrero; estaba lleno de errores que generaron una fuerte polémica, sobre todo lo contenido en el artículo 7.
Dicho artículo señala que “se brindará acceso a la UPAD el acceso a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”.
“No es una ocurrencia de la administración, es una necesidad de todo gobierno que quiera hacer política pública y es una recomendación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, dijo Sánchez.
El parlamentario alegó que el uso de los datos es fundamental para tener una visión estratégica y enfatizó que solo para eso existe el equipo de asesores presidenciales, para “el cruce de información estadística para la toma de decisiones”.
“No son de recibo y son bastante absurdas las discusiones sobre si es una oficina ‘nazi soviética’ (como la calificó el presidente del PLN, Guillermo Constenla) o chavista (como la califican diputados fabricistas), eso está cargado de un gran irrespeto”, dijo.
